La Junta de Castilla y León amplía el periodo de cobertura y de presentación de solicitudes de las ayudas directas a pymes y autónomos

La Junta de Castilla y León publica este viernes 15 de octubre en el Boletin Oficial de Castilla y León (Bocyl) la modificación de la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo -de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado-, por la que se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas.

De esta manera, los autónomos, empresas y pymes de la comunidad podrán destinar la ayuda a satisfacer la deuda y a realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021

Asimismo, la Junta amplía el plazo de presentación de solicitudes de ayudas hasta el próximo 2 de noviembre, con el objetivo de alcanzar un mayor número de beneficiarios para favorecer la recuperación y crecimiento de las empresas de la Comunidad afectados por el impacto económico del coronavirus.

Con esta nueva modificación, la Junta pretende alcanzar la mayor cobertura posible de esta línea de subvenciones y que los fondos lleguen al mayor número de autónomos y empresas que han sufrido las consecuencias económicas provocadas por la pandemia de la Covie-19 en su actividad.

Hasta el momento, la Consejería de Economía y Hacienda ha tramitado 12.703 expedientes, que han sido remitidos a la Agencia Tributaria para obtener el correspondiente informe favorable y proceder al pago.

Inicialmente, el Decreto Ley del Gobierno estableció solo 89 sectores beneficiarios de estas ayudas. El pasado 20 de julio, la Junta amplió hasta 570 los sectores susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas, lo que supone el 96,6 por ciento de las actividades económicas incluidas en la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

El ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial) ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa.