El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acompañado por la de Educación, Rocío Lucas, ha suscrito un convenio entre este departamento y las cuatro universidades públicas de Castilla y León para la realización de prácticas académicas externas por estudiantes universitarios de grados, másteres oficiales y títulos propios. A la firma ha acudido el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García, y el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez. Además, han estado presentes en la firma la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, y el director de la Escuela de Administración de Castilla y León, ECLAP, Francisco Raedo.

El convenio que se ha suscrito entre la Administración y las universidades tiene por objeto fomentar la formación práctica de los estudiantes universitarios como elemento esencial para que adquieran unas competencias que les ayuden a una mejor inserción en el mundo laboral, con la Administración como telón de fondo, un nuevo espacio donde desarrollar sus conocimientos al servicio de las personas de Castilla y León.

En este sentido el consejero ha asegurado que la estrategia de la Consejería en materia de Función Pública pasa por la captación y la retención del talento, “porque queremos que los profesionales mejor formados en esta Comunidad se queden en ella, queremos contar con su talento y potencial al servicio de las personas de Castilla y León, y creemos que la Administración es un buen lugar para desarrollar todo ese potencial”.

En esta línea, Ibáñez ha destacado que se trabaja para adecuar estas pretensiones a la realidad de la Administración y el espacio formativo, “y es que no podemos pretender captar talento y modernizar nuestra Administración sino somos capaces de hacerlo sobre la realidad y las necesidades que demanda la sociedad, por ello trabajamos en la nueva Ley de Cuerpos y Escalas, que adapta el espacio europeo de educación superior a la realidad de nuestra función pública y sus competencias”.

Asimismo, la consejera de educación, Rocío Lucas, ha asegurado que “los estudiantes universitarios de Castilla y León tendrán la oportunidad de formarse entre los mejores profesionales de lo público, entre nuestro personal. Y podrán completar su experiencia académica aprendiendo de todos los servicios de la Junta de Castilla y León”.

Con esta nueva ley se busca generar un entorno idóneo para un plan ambicioso. Acompasar los cambios necesarios para que la formación de hoy en día, las competencias que se trabajan en las universidades tengan cabida en la Administración y así recoger todo ese conocimiento y ponerlo, de la mano de esos nuevos profesionales, al servicio de las personas de Castilla y León.

El consejero ha defendido que la Junta invierte en conocimiento buscando así un gran beneficio para la Comunidad ya que, partiendo de los mejores indicadores a nivel educativo, se busca ofrecer una Administración atractiva para que los profesionales de Castilla y León se queden en la Comunidad y desarrollen en ella su proyecto de vida.

Contenido del convenio

Estas prácticas externas se podrán articular en cualquiera de las unidades administrativas y centros de las consejerías y organismos autónomos dependientes de estas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Además, no podrán tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ni podrán ser computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

En relación con su duración, esta está sometida a la que establezca el correspondiente plan de estudios en los términos establecidos por el artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En este sentido, el convenio establece que las prácticas externas extracurriculares tendrán preferentemente una duración no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio de lo que fijen las universidades, procurando el aseguramiento del correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante. Además, las condiciones particulares de cada práctica se concretarán en un proyecto formativo para cada estudiante, según establece el convenio. En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Ley “pionera” de Cuerpos y Escalas

Por otra parte, Ángel Ibáñez aseguró ue la Junta de Castilla yLeón trabaja para contar “muy pronto” con una nueva y “pionera” Ley de Cuerpos y Escalas, que adaptará el espacio europeo de educación superior a la realidad de la Función Pública de la Comunidad y sus competencias. “No podemos pretender captar talento y modernizar nuestra administración si no somos capaces de hacerlo sobre la realidad y las necesidades que demanda la sociedad”, subrayó.

Asimismo, indicó que la norma será un paso “definitivo” en la modernización de la Función Pública ya que la equiparará y adaptará al tiempo actual y, además, tendrá vocación de futuro. “Buscamos ofrecer un amplio abanico de posibilidades a ese nuevo talento al hacerlo conforme a sus conocimientos”, señaló. En este sentido, añadió que la Junta pretende crear un marco para un desarrollo normativo “más ágil” y “actualizado” para la definición de las especialidades acordes a las competencias que desarrolla la administración.

En concreto, la nueva ley busca generar un entorno idóneo para un plan ambicioso. “Acompasar los cambios necesarios para que la formación de hoy en día y las competencias que se trabajan en las universidades tengan cabida en la administración y así recoger todo ese conocimiento y ponerlo, de la mano de esos nuevos profesionales, al servicio de las personas de Castilla y León”, añadió.

El consejero de la Presidencia declaró, que el proyecto ya se ha sometido a audiencia pública y remitido a las universidades, consejerías, colegios profesionales y sindicatos para presentar alegaciones. Una vez que se estudien esas demandas, será el momento de elevarla a la Mesa General de Negociación para que sea una realidad “muy pronta”.

Educación infantil

En otro orden de cosas la consejera de Educación, Rocío Lucas, a preguntas de los periodistas, aseguró que el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez para crear 3.765 plazas escolares de 0 a 3 años en Castilla y León hasta 2023, con una inversión de 38,4 millones en la Comunidad, no “altera” el planteamiento de la Junta para establecer el próximo curso la gratuidad en el tramo de dos a tres años en Castilla y León.

Eso sí, precisó que la política del Ejecutivo autonómico es contar con la colaboración de los centros privados a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio de Educación que ha decidido que el dinero, proveniente de los fondos europeos, vaya únicamente para los centros de titularidad pública.

En este sentido, recordó que lo anunciado por el Ministerio esta semana ya era conocido por las comunidades autónomas al formar parte de los fondos europeos Next Generation destinados a España. Además, señaló que las plazas previstas con este plan en Castilla y León no llegarían a cubrir a los 13.600 niños potenciales entre dos y tres años.

La consejera lamentó, según recogió la Agencia Ical, que el Ministerio de Educación no tenga en cuenta la red de centros privados que llevan años prestando esta educación, por lo que apuntó que la Junta continuará insistiendo para que los futuros fondos incorporen a la iniciativa privada.

Lucas anunció la semana pasada en las Cortes, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para presentar los presupuestos para 2022 de su departamento, la universalización de la gratuidad de la Educación Infantil en el nivel de dos años, que se pondrá en marcha en el próximo curso en Castilla y León, obligará a la Junta a reservar seis millones de euros en el presupuesto de 2022 para acondicionar espacios y otros siete millones para la dotación de personal.