Castilla y León mantendrá Filosofía en su currículum de Secundaria

La Junta de Castilla y León anunció su intención de mantener la asignatura de Filosofía dentro del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde es optativa en cuarto curso, a través del margen que da la normativa a las autonomías para elaborar al menos el 40 por ciento del plan educativo.

Así lo indicó el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y consideró que la normativa básica aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene “deficiencias”, como la exclusión de la Filosofía del currículum general, pero también otras medidas que “deterioran la calidad”, como descartar las calificaciones numéricas, aunque en este último aspecto no lo podrá revertir.

Asimismo, lamentó el nuevo planteamiento de Educación de suprimir la impartición cronológica de la asignatura de Historia por otra orientada más a bloques temáticos entre periodos históricos. Todos estos cambios pueden provocar, según explicó Fernández Carriedo, el “deterioro” de la calidad del sistema educativo, al rebajar los niveles de exigencia y poner en tela de juicio el sistema de “mérito y esfuerzo” en el que debería estar basada la Educación. ”Estos cambios son algo negativo también en las etapas posteriores de la vida ordinaria de los alumnos, que tendrán que enfrentarse a los problemas de la vida que sí tienen en cuenta este sistema de mérito y esfuerzo que ahora se pretende eliminar”, subrayó el portavoz de la Junta en funciones.

Por este motivo, Castilla y León ha insistido en que utilizará el margen de decisión que obra en poder de la Comunidad para “corregir las deficiencias que plantea el nuevo currículo nacional”. Unas correcciones que liderará la Consejería de Educación, declaró Fernández Carriedo.

Invasión rusa

Por otra parte, informó de que Castilla y León duplicó en la última semana el número de refugiados ucranianos recibidos en la Comunidad, hasta alcanzar los 1.120 frente a los 600 que se encontraban ya en territorio castellano y leonés el pasado jueves.

Se trata fundamentalmente de mujeres y niños, tal y como informó el portavoz de la Junta en funciones, y desveló que de esas 1.120 personas, 828 cuentan ya con tarjeta sanitaria en condición de desplazado, mientras que 270 menores se encuentran ya integrados en el ámbito educativo de la Comunidad, donde se está poniendo a disposición de todos ellos “atención individualizada” a través de un profesor de educación compensatoria “en un horario concreto”.

Esos 270 menores se reparten, a nivel provincial, entre los 31 integrados ya en el sistema educativo en Ávila, 44 en Burgos, 55 en León, 20 en Palencia, 19 en Salamanca, 27 en Segovia, 13 en Soria, 49 en Valladolid y 12 en Zamora.

Y es que “dentro de las personas que llegan, muchos son menores que requieren de atención en el sistema educativo”, lo que “refleja de forma clara que, de forma mayoritaria, vienen madres acompañadas de sus hijos, porque los padres se están quedando en Ucrania”.

De hecho, también hay diferencia en los tiempos de llegada entre menores y madres, como demuestra que el número de menores no acompañados acogidos por el sistema de protección de la Comunidad procedentes de Ucrania es de 10 a día de hoy, cuando la semana pasada era de 27, un dato que oscila “no tanto por la disminución del número de menores sino porque llegan antes que su madre”. En el momento en que esta llega, el menor “pasa de estar en el sistema de protección a depender de la patria potestad de su madre”.

Dos nuevos teléfonos

Por otro lado, Fernández Carriedo anunció también que a la página web habilitada para informar sobre los recursos disponibles tanto a la población refugiada como a los ciudadanos de Castilla y León, se unen desde esta semana dos teléfonos para las personas que quieran donar material y para recoger los ofrecimientos de acogimiento y vivienda de aquellas familias de la Comunidad que quieran colaborar.

Así, por un lado, se articula el 012 como número para informar a todas aquellas personas que quieran donar material de “dónde hacerlo en las mejores condiciones posibles”, con el objetivo de que “llegue a su lugar de destino con las mejores garantías”.

Por otro, se establece, en colaboración con la Cruz Roja, un teléfono gratuito, el 900.102.214, en el que se recogen los ofrecimientos de acogimiento de familias y viviendas disponibles para estas personas. Una situación, la del alojamiento, que Carriedo aseguró que ahora mismo no supone un problema porque Castilla y León cuenta con “algo más de 2.600 plazas disponibles” ante las, hasta ahora, 1.120 personas refugiadas llegadas a la Comunidad, por lo que “no se ha agotado el dispositivo”.

No obstante, el portavoz sí reconoció que es un tema que se sigue “muy de cerca” ante la posibilidad de que la multiplicación de refugiados se mantenga al mismo ritmo en el futuro, lo que “podría poner en tensión algunos de los servicios que ofrecemos las Comunidades Autónomas”.

Vacunas

Por otra parte, la Administración regional dio luz verde a una partida de 4,5 millones de euros para la compra de 141.500 dosis de distintas vacunas que están incluidas en el Calendario Oficial de Vacunaciones de la Comunidad.

De este modo, en el contrato establecido se incluye la adquisición de 23.500 dosis de vacuna frente al sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela; destinadas a los niños de tres años y a la realización de pautas correctoras en aquellas personas que no hayan pasado estas enfermedades y no estén correctamente vacunadas con dos dosis de la misma. También se adquirirán 47.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y y W para distribuirlas, en pautas de dos dosis, entre la población infantil de doce meses y doce años; así como entre los viajeros internacionales que tienen previsto acudir a zonas de riesgo para las meningitis incluidas en la vacuna.

Por otro lado, el acuerdo incluye la compra de 31.000 dosis de vacuna frente a virus de papiloma humano (VPH), tanto para las niñas de doce años como para los grupos de riesgo de la población adulta. Por último, la Comunidad contrata 40.000 dosis de vacuna polisacárida frente al neumococo 23-valente; la población objetivo de las mismas son las personas que, habiendo cumplido los 65 años, han recibido la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos y deben recibir una única dosis de ésta al menos 12 meses después de haberse puesto la anterior; así como los ciudadanos, pertenecientes a grupos de riesgo, a los que se les indique por prescripción médica.

Todos estos productos sanitarios se contratan a través de un Acuerdo Marco de la Comunidad de Castilla y León con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Documento en el que se fijan las condiciones del suministro de las vacunas de calendario y de otras.

También en materia sanitaria, la Junta aprobado una inversión de 1,3 millones de euros para la contratación, durante 2022 y 2023, del servicio de radioterapia externa con acelerador lineal de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

Este servicio, que ya está en funcionamiento, evita que los ciudadanos segovianos con patologías que requieren de radioterapia tengan que realizar desplazamientos a otros centros de referencia que cuenten con este tipo de equipos. Hasta el momento se ha atendido en él ya a 84 personas.

Por otra parte, en la sesión de hoy también se aprobó un partida de 603.941 euros para la contratación del servicio de custodia, depósito y gestión del archivo central de historias clínicas del Complejo Asistencial de León. Todo ello para el periodo 2022-2023. En estas instalaciones hospitalarias hay un archivo central con, aproximadamente, 800.000 historias clínicas.

Los centros sanitarios incluidos en el contrato son los hospitales Virgen Blanca, Princesa Sofía, San Antonio Abad, Monte San Isidro y Santa Isabel. Así como los Centros de Especialidades (CEP) José Aguado, Hermanos Larrucea, Astorga y La Bañeza; y los CEP de salud mental José Aguado, Condesa, Palomera e Independencia.

Por último, en el Consejo de Gobierno también se dio luz verde a la contratación de 44 licencias de software para ampliar el sistema de información clínica de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud. Todo ello con un presupuesto de 594.938 euros.

Estos elementos se utilizarán para asegurar la gestión y la monitorización de los pacientes ingresados en la UCI. Así como para dotar a estas unidades de una vía para la detección de posibles fallos en el sistema de recogida de datos. Estos suministros están financiados dentro del ‘Fondo europeo de desarrollo regional’ (Fondos React-UE).

Empleados públicos

Fernández Carriedo también avanzó que la Junta de Castilla y León llevará a la “mesa de negociación competente” la actualización del pago del kilometraje para los empleados públicos, dada su predisposición para realizarla, como anunció ayer CSIF, pero sin desvelar aún en qué medida.

“Somos conscientes del impacto sobre las familias y el conjunto de los empleados públicos de la inflación”, explicó , dado que esa situación está llevando a una pérdida de poder adquisitivo sobre la que la Junta quiere “reflexionar” con dichos empleados para “compensar ese impacto de la crisis” en las competencias de ámbito autonómico.

Por tanto, anunció que llevarán a la “mesa de negociación competente” el diálogo “en el ámbito que corresponde” para conocer la posición de los empleados públicos de la Comunidad y “si estiman oportuno que la compensación sea la misma que la de los empleados de la Administración del Estado”.

No obstante, recordó Fernández Carriedo que el acuerdo “depende de dos partes, no solo de una”, y que por ello solo puede adelantar la voluntad de la Junta de “conocer la posición” de los empleados públicos e intentar llegar a un acuerdo porque “preocupa la inflación, que ha crecido mucho, mientras las retribuciones solo han crecido un dos por ciento”, lo que lleva, en términos relativos, a una pérdida del poder adquisitivo del ocho por ciento, “mayor que cuando la bajada en 2010 fue del cinco por ciento”.

Endeudamiento

Por último, el portavoz de la Junta en funciones defendió que el nivel de endeudamiento sitúa a Castilla y León en “mejores condiciones” para afrontar la crisis económica, que para el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco la guerra de Ucrania ha agravado, con un aumento de los precios.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo informó sobre los datos de deuda, difundidos este jueves por el Banco de España, que a su juicio muestran como la Comunidad tiene una deuda en relación a sus Producto Interior Bruto (PIB) del 22,2 por ciento, frente al 25,9 por ciento de media autonómica, lo que supone 3,7 puntos menos.

Por ello, el titular de Hacienda señaló que la Comunidad, que acumula una deuda de 13.215 millones de euros al cierre de 2021, tiene una “mayor solvencia financiera”, una “mejor garantía” y más facilidades para acceder al crédito en los mercados financieros, que otras autonomías, puesto que Castilla y León ocupa la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, Navarra, Canarias, País Vasco, Galicia, Asturias y La Rioja.

En este importe, según informó la Junta, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 265,2 millones de euros, el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 8,7 millones de euros y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, por 264,6 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, indica que, al acabar el cuarto trimestre de 2021, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 30,1 por ciento, con 3.982,4 millones de euros. En segundo lugar se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 2.349,1 millones de euros, –en concreto, el 17,8 por ciento- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.

Como tercer prestamista figuran las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.276,4 millones de euros, un 9,7 por ciento de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado y de forma similar a años anteriores, el 96,4 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,6 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,6 por ciento firmada a corto. El 84,3 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 15,7 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euríbor.