Igea advierte de que financiar con dinero público un estudio sobre Garoña “podría suponer malversación”

El líder de Ciudadanos y ex vicepresidente de la Junta en la pasada legislatura, Francisco Igea,pone en entredicho que la Junta vaya destinar dinero y recursos públicos para que se elabore un informe acerca de la viabilidad o no de reabrir la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña -paralizada desde hace diez años por decisión de la empresa Nuclenor, y actualmente en fase de desmantelamiento-, como anunciaba ayer el número dos de Mañueco en la Junta, el burgalés Juan García-Gallardo, de Vox.

Igea ha aprovechado una vez más su perfil personal en la red social Twitter para poner en cuestión este asunto. “El dinero público no puede malgastarse en propaganda. Es una empresa privada. Es inútil si no se cambia la ley. Ni nos corresponde por competencias, ni tiene cobertura legal. Si se produce el gasto estudiaremos la posibilidad de llevarlo ante la Fiscalía”, ha escrito el dirigente “naranja” en la red social en uno de sus mensajes, mientras que en otro, que acompaña con las declaraciones de García-Gallardo, ayer en su visita a la central, insiste en que la Junta no puede malgastar dinero público en un estudio de viabilidad de una empresa privada

El ex vicepresidente no se ha quedado ahí, ya que, aparte de recuperar lo que dijo Javier Maroto, senador del PP por Castilla y León y portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta hace cinco años, felicitándose del cierre de Garoña y del trabajo “ de muchos años” de su partido por ello, en otro mensaje más que publicaba ayer por la tarde, advertía que en este tema “alguien miente”, en referencia a las declaraciones que hacían tanto García-Gallardo, por un lado, como el portavoz de la Junta, Fernández Carriedo, por el otro.

Y, es más, afirmaba, contundente, que si lo dicho por el también consejero de Economía y Hacienda es cierto , “que son decisiones que deben tomar los que invierten y los que arriesgan”, la propuesta de financiar un estudio de viabilidad “podría suponer malversación de fondos públicos y nos veríamos en la obligación de denunciarlo”.