El Consejo de Cuentas cierra un “fructífero” 2022 con una treintena de informes aprobados

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha cerrado un fructífero 2022 con la aprobación de 30 informes -el segundo mejor dato de toda la serie histórica de la institución que preside Mario Amilivia después de las 32 fiscalizaciones del año anterior-, de un total de 95 informes que se han presentado, lo que representa el 35 por ciento de los 268 acumulados en los veinte años de existencia de este órgano de control externo autonómico.

Amilivia, además, ha comparecido el pasado año hasta en ocho ocasiones en las Cortes de Castilla y León para la presentación de 36 fiscalizaciones, otro hito en la actividad del órgano de control, según informan fuentes de esta entidad con sede en Palencia.

En este momento, además, hay 21 informes aprobados pendientes de que la Comisión de Economía y Haciendavuelva a convocar comparecencias, tras el paréntesis correspondiente a la tramitación de la normativa presupuestaria.

En cuanto al seguimiento y aceptación de las recomendaciones que emite el Consejo de Cuentas por parte de las entidades fiscalizadas, este es ya del 75 por ciento según se revela en el reciente análisis referido a los informes de 2021, lo que supone también un porcentaje a tener en cuenta ya que es la segunda mejor ratio alcanzada tras el 81 por ciento de 2020.

A la espera de que las Cortes de Castilla y León aprueben el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2023 elaborado por el Consejo de Cuentas, la actividad prosigue en la actualidad con una veintena de fiscalizaciones en proceso de elaboración, ocho de ellas correspondientes al sector público autonómico y, las doce restantes, sobre las entidades locales de la Comunidad.

XX Aniversario

Por otra parte, cabe señalar que el pasado año el Consejo de Cuentas celebró su vigésimo aniversario con la organización de diferentes actividades para continuar divulgando su actividad al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León.

Un acto en el que Amilivia volvía a poner de manifiesto una vez más la “necesidad” de reformar la Ley reguladora del Consejo para este pueda aprobar su propio plan anual de fiscalizaciones sin depender, como ocurre en la actualidad, de la decisión última de las Cortes.

“El Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único de los órganos de control externo autonómicos que no tiene potestad para aprobar su propia programación de trabajo”, advertía ese día el que fuera también alcalde de León, para quien con esta Ley se avanzaría en la independencia y autonomía orgánica y funcional de la institución. Algo que, en su opinión, mejorará el servicio que presta a los castellanos y leoneses.

Asimismo, cabe señalar que las modificaciones, conforme a los objetivos fijados en el Plan Estratégico del Consejo de Cuentas 2019-2022, se refieren también a aspectos como la duración del mandato de los consejeros, en coherencia con lo establecido en otros órganos de control externos, o a la aplicación de un nuevo régimen para el personal que mejore las condiciones profesionales para facilitar la incorporación de nuevas plazas.

Además, Amilivia defendía que la propuesta de reformas normativas incorpora estímulos a la rendición de cuentas y a la reducción de sus plazos en el sector público local, en sintonía con la moción elevada por el Tribunal de Cuentas de España a las Cortes Generales.