Veganzones defiende sus competencias en materia laboral e insiste en que si sindicatos y patronal quieren seguir con el Serla, “que lo financien ellos”

El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones, defendió que cada consejería de la Junta debe dedicarse a sus competencias “igual” que él “no desarrolla” las de otros departamentos, en respuesta a la propuesta del CES al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que otros organismo públicos financien el Serla. “Igual que yo no desarrollo otras competencias cada uno debe dedicarse a las suyas”, dijo, para insistir en que si sindicatos y patronal quieren seguir con su servicio “privado” de intermediación, “que lo financien ellos”.

Mariano Veganzones también explicó que la ministra de trabajo, Yolanda Díez, no se ha dirigido a su departamento tras pedir su apoyo CCOO y UGT para que defienda la continuidad de la financiación de la Junta del Serla, cuando “soy competente en la materia”. Asimismo, indicó desconocer en qué términos se ha dirigido la ministra por carta a Mañueco.

El consejero incidió en que el Serla puede continuar pero “con la asignación de sus dignatarios” porque ese servicio lo pude prestar la Administración o a través de un acuerdo interprofesional, pero “la ley no dice que lo tengamos que financiar”. “Podemos prestar ese servicio en mejores condiciones y con mayores garantías a través de los Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Dirección General de Trabajo”, repitió.

El consejero denunció la “información muy sesgada” que se está transmitiendo sobre el Serla, y afirmó que “hay que entender que es un acuerdo interprofesional privado entre tres partes para realizar intermediación, medicación y arbitraje en conflictos laborales”. Agregó que presta sus servicios en Valladolid cuando hay otros órganos públicos, los SMAC, que están en todas las provincias donde trabajan “desde siempre”.

En este sentido, precisó que el Serla registro el año pasado 4.200 solicitudes de intermediación, y dejó sin atender 1.500, mientras el SMAC se hizo cargo de más de 13.000, lo que revela que “tiene una capacidad muy por encima y es un servicio público totalmente gratuito”. “El Serla es privado y lo pusieron en marcha sindicatos y patronal, con una fundación para su financiación. La Administración no gestiona el Serla, sino el SMAC, que es un servicio mucho más profesionalizado”, dijo.

Veganzones denunció que mantener el Serla supone una “duplicidad territorial” cuando está solo en Valladolid y atiende conflictos colectivos, mientras el SMAC se encarga del resto. “El Serla supone una privatización de un servicio público”, repitió.

Dejó claro el consejero que no se oponen a que siga el Serla, pero si quieren contar con ese servicio, “lo lógico es que pongan su financiación, porque tenemos un servicio público que puede encargarse y mejor”. Criticó al respecto que el Serla ha costado siete millones de euros en diez años, un millón durante el último ejercicio, y con pérdidas a acumuladas de 76.000 euros, lo que refleja un “coste desproporcionado y una gestión financiera ineficaz”.

Asimismo, subrayó que los SMAC tiene un 52 por ciento de efectividad en sus mediaciones, frente al 42 por ciento del Serla, porcentaje que baja, dijo, al 33 por ciento en los conflictos colectivos. “Eso lo mejora cualquiera”, concluyó.

Bienestar laboral

Veganzones realizó estas declaraciones durante la presentación del nuevo Plan de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo impulsará la puesta en marcha en pymes de planes para mejorar la salud física y mental de los trabajadores para reducir la siniestralidad por accidentes cadiovasculares y que acudan “felices” a sus puestos y elevar así su productividad. El objetivo inicial es que llegue a 200 empresas de la Comunidad.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo suscribió con los colegios oficiales de nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, preparadores físicos y terapeutas ocupacionales protocolos con los que generarán una carta de servicios para las empresas que quieran implantar esos planes, dentro de un programa “absolutamente pionero” en España en la lucha contra la siniestralidad laboral.

En febrero, dijo Veganzones, su departamento sacará una convocatoria dotada con medio millón de euros para poner en marcha estos planes, con la ayuda de esos profesionales, así como para la adquisición de desfibriladores para contar con espacios condioprotegidos en las empresas, y la creación de un sello distintivo de empresa cardiosaludable de Castilla y León.

Mariano Veganzones aclaró que se trata de establecer, por ejemplo, planes de control de estrés, dieta saludable, mejora física, higiene postural o del sueño, descanso, ocio y participación social, dentro de una acción que llegará acompañada de iniciativas de formación y divulgación en todas las provincias, la publicación de un monográfico en la revista de prevención de Castilla y León y la creación de nuevos espacios digitales en su web.

El consejero ensalzó que se trata de una nueva línea de trabajo “novedosa, pionera en España”, en cooperación con los colegios profesionales para “mejorar la salud física, mental y social” de trabajadores y empresas. Aseveró que los planes de bienestar “generan retornos tangibles e intangibles, facilitan retener el talento, elevan la productividad, rebajan los costes sanitarios, los trabajadores están más sanos y motivados, con empleos dignos y saludables, porque todos los trabajadores son esenciales”.

Unos planes suyo objetivo esencial es rebajar la siniestralidad laboral interviniendo en factores de riesgo cardiovasculares, que son la primera causa de fallecimiento en los puestos de trabajo. “La gran mayoría de los fallecimientos se produce por accidentes cardiovasculares, enfermedades como ictus o infartos, que tiene lugar en el trabajo. Queremos hacer hincapié en que tenemos que atacar esta sintomatología a través de la prevención en nuevos ámbitos de seguridad y salud en el trabajo”, razonó.

Y es que como precisó el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Fernando de la Parte, el año pasado se cerró con 26.138 accidentes laborales, un tres por ciento más que en 2021, con 51 mortales, frente a los 42 de 2021, aumento que se explica por los ocho más producidos por accidentes cerebrovasculares, que acabaron con 23 trabajadores, el 45 por ciento del total. “Los programas de bienestar están dirigidos a intervenir sobre ellos”, dijo. Aseveró que también se produjeron 219 graves, se declararon 459 enfermedades profesionales, y se produjeron 2.487 in itinere, aunque el índice de accidentes por cada mil trabajadores apenas varió, pasó de 28,51 en 2021 a 28,79 en 2022, por debajo de la media nacional de 29,5.

Mariano Veganzones se congratuló de esta iniciativa que se enmarca en el nuevo Plan de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral, que está finalizando su tramitación, del que constató que se centrará en acabar con los factores de riesgo, con la mejora del equipos y maquinaria, que “es como se combate la siniestralidad”.

Una nueva estrategia que, dijo, responde a una nueva concepción que “supera los conceptos clásicos” y “se dirige al cuidado integral de los aspectos físicos, pero también mentales”. De la Parte precisó que elevarán las subvenciones directas de 3,5 a nueve millones de euros, par mejora de maquinaria y de locales, eliminación de cubiertas de fibrocemento, dentro de un plan con seis objetivo específicos, 25 concretos y más de un centenar de actuaciones concretas que se adaptarán a la realidad con programas anuales de actuación.