Castilla y León planta cara a la "okupación" de viviendas

Las oficinas de información antiocupación han iniciado su andadura en las nueve provincias, fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana.

Objetivo: prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

En esta oficina, que ya está en funcionamiento, los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento que soliciten en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.

La información está también disponible en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.

Está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridadla existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.

"Se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler, porque el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados”, aseguraba maría Pardo, directora general de Vivienda de la Junta, tras visitar esta semana una oficina antiocupación en León.

Pardo apuntaba también que la puesta en marcha de esta oficina pretende cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y de protegerlo frente a un fenómeno como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial.

Velar también por las buenas relaciones de vecindad y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas, es otra de las finalidades de esta oficina,