Justicia

Concepción demanda más plazas judiciales para hacer frente al "gran aumento" de casos

El presidente del Alto Tribunal de Justicia de Castilla y León recuerda al Ministerio que los recursos que tienen "son insuficientes" para paliar las necesidades

José Luis Concepción, presidente de la TSJCyL, atiende a la prensa
José Luis Concepción, presidente de la TSJCyL, atiende a la prensaRicardo OrdoñezIcal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha mostrado este jueves su preocupación ante las "insuficientes" plazas judiciales creadas por el Ministerio de Justicia el pasado año. "Tenemos muchas necesidades y con las plazas que hay no llegamos", apuntaba, tras presentar en el Palacio de Justicia de Burgos de la memoria judicial correspondiente al ejercicio 2022.

En este sentido, lamentaba que el Gobierno no haya atendido las peticiones realizadas, de unos veinte juzgados, que se han quedado en apenas tres unidades judiciales: una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de León en materia Civil con conocimiento en materia de lo Mercantil; el Juzgado de lo Social 2 de Segovia, que no ha entrado en funcionamiento toda vez que depende de la puesta en funcionamiento del nuevo edificio judicial; y el Juzgado de lo Social 3 de Salamanca, que tampoco ha entrado en funcionamiento por razones de espacio.

“El Ministerio atendió de manera muy poco significativa estas peticiones”, insistía Concepción, en declaraciones recogidas por Ical, mientras recordaba que en el Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre se acordó la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022, de las cuales solo tres (un magistrado en la sección civil de Audiencia Provincial de León, el Juzgado Social 2 de Segovia y el Juzgado Social 3 de Salamanca) corresponden a Castilla y León.

Además, el presidente del TSJCyL Concepción demandaba más recursos como una plaza de magistrado en la AP de Burgos (penal), otra en la AP de Segovia; y una más en la AP de Valladolid (penal).

En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción afirmaba que haría falta un juzgado en los partidos judiciales de Ávila, Palencia, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Soria. Respecto a los Juzgados de Primera Instancia: un juzgado en los partidos judiciales de Salamanca, León y Valladolid. En los Juzgados de Familia: un juzgado en los partidos judiciales de Ponferrada y Valladolid.

En los Juzgados de lo Penal: un juzgado en los partidos judiciales de Ávila y Salamanca. En los Juzgados de Violencia contra la Mujer: un juzgado en los partidos judiciales de León y Segovia. En los Juzgados de lo Social: un juzgado en Burgos. En los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: un juzgado en Soria.

Concepción advertía también de la imposibilidad de cubrir algunas vacantes como la existente en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL. “La plaza de magistrado de designación autonómica está vacante por jubilación porque la regulación legal impide que el CGPJ no renovado realice nombramientos”, decía, ala vez que llamaba a renovar el Consejo porque está ocasionando retrasos, como todos sabemos, en el Tribunal Supremo, por ejemplo, decía, lo que afecta a la tutela judicial efectiva.

Aumentan los asuntos

Respecto a la Memoria de 2022, señalaba que ha aumentado el número de asuntos ingresados respecto al año anterior, con 289.797, es decir, 14.386 más que en 2021, y doce mil más que en el año antes de la pandemia, en 2019

Dicho ascenso se ha producido en los órdenes jurisdiccionales Civil (2 por ciento más) y Penal (7,3 por ciento más). Por el contrario, en Social (2,2 por ciento menos) y Contencioso-Administrativo (5,6 por ciento menos) se ha producido un descenso en el número de asuntos registrados. El nivel de resolución también ha experimentado una variación. Durante 2022, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 278.187, o lo que es lo mismo, 5.038 más que en 2021.

"Es evidente que los datos reflejan una recuperación en cuanto al número de asuntos ingresados y resueltos tras la situación excepcional vivida en 2020 y 2021, e incluso se ha producido un incremento respecto del año 2019, anterior a la pandemia. Esto es muy significativo y apunta a la carga de trabajo ingente que soportan nuestros órganos judiciales”, finalizaba.