Informe

El Consejo de Cuentas crece en "autorictas" aunque el cumplimiento cae al 51 por ciento

Las administraciones de Castilla y León aceptaron tres de cuatro recomendaciones que

les efectuó esta institución propia en 2021

Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León
Mario Amilivia llega a la Comisión de Hacienda de las Cortes para presentar el informe con las recomendaciones de 2021Rubén CcahoIcal

El Consejo de Cuentas de Castilla y León sigue creciendo en la denominada autorictas en la sociedad castellano y leonesa ya que cada vez son más las entidades locales, diputaciones y universidades que aceptan sus recomendaciones, e incluso la propia Administración autonómica. Y es que, en su conjunto, todas ellas aceptaron el 75 por ciento de los consejos que les efectuó el Consejo de Cuentas durante el ejercicio 2021. O lo que es los mismo, tres de cada cuatro.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes su presidente, Mario Amilivia, al presentar en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe correspondiente a ese ejercicio en cuanto a recomendaciones, en el que se revela también que en cuanto al cumplimiento de las mismas por los distintos entes fiscalizados y de acuerdo con sus contestaciones, fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 194 de las 380 analizadas, lo que representa el 51 por ciento.

El informe recoge que en total el Consejo de Cuentas efectuó 380 recomendaciones y que el porcentaje de aceptación comprende tanto aquellas recomendaciones que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad. Este 75 por ciento de aceptación es el segundo mejor indicador desde que comenzó a realizarse este informe -en 2013- después del 81 por ciento alcanzado en 2020.

Amilivia destacaba que un 24 por ciento de estas recomendaciones que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado tomó en consideración por estar de acuerdo con su contenido. "Hay que tener en cuenta que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios", apuntaba, mientras instaba a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

"El cumplimiento de las recomendaciones es el mejor reflejo de la auctoritas de la institución en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”, señalaba.

El grado de aceptación por administraciones varía desde el 92 por ciento de las universidades públicas al 68 por ciento de la Junta, el 78 de las diputaciones o el 70 por ciento de los municipios.

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones: las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 67 por ciento, en términos absolutos, 124 de 186; la Junta de Castilla y León el 38 por ciento, es concreto, 23 de 61; los municipios el 37 por ciento, 40 de 108; y las universidades 28 por ciento, 7 de 25, según informan fuentes del Consejo de Cuentas.

Evolución histórica

En la evolución histórica de la aceptación de las recomendaciones por tipo de administración, destaca el informe que, salvo casos puntuales, todas las administraciones analizadas están por encima del 50 por ciento de recomendaciones aceptadas en los últimos años.

En el caso de los municipios, que el año 2020 estaban en un grado de aceptación del 94 por ciento, este año han bajado 24 puntos porcentuales por la introducción de los informes de auditoria informática que exigen que los ayuntamientos dispongan de un personal altamente cualificado y muchos de ellos no han dispuesto de este personal para poder aceptar las recomendaciones.

La evolución del cumplimiento de las recomendaciones es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis. En 2021 se produjo un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto del 55 por ciento obtenido en 2020.

El indicador más alto se alcanzó en 2019, con un 56 por ciento, y el más bajo se registró en 2015, con un 34 por ciento. En términos absolutos, en el acumulado de los nueve años en los que se lleva realizando el informe, han sido aplicadas, total o parcialmente, un total de 862 recomendaciones de las 1.820 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 47 por ciento para todo el periodo 2013-2021.

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales fueron aplicadas total o parcialmente el 43 por ciento de las recomendaciones analizadas, es decir, 9 de 21, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanzó el 52 por ciento, 185 de 359.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, con un 38 por ciento, es inferior en diez puntos al año anterior, siendo el tercer mejor registro de la serie histórica, después del 60 por ciento de 2019 y del 48 por ciento de 2020. En los años precedentes, se produjo un 13 por ciento de cumplimiento total o parcial en 2013; 20 por ciento en 2014; 22 por ciento en 2015; el mismo porcentaje en 2016; 32 por ciento en 2017; y 31 por ciento en 2018.