Las Cortes de Castilla y León exigen a Sánchez rebajas en el IRPF para paliar la inflación

Las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta, con los votos favorables de Partido Popular (PP), Vox, Ciudadanos (Cs) y UPL-Soria YA, a que pida al Gobierno de Pedro Sánchez que compense la subida de precios con una rebaja del IRPF para las rentas hasta 32.500 euros.

La propuesta del PP plantea adaptar la tarifa estatal del IRPF para las rentas hasta 35.200 euros a la tarifa autonómica ya aprobada, rebajando el tipo mínimo del 9,5 al nueve por ciento y el tipo aplicable al tramo de renta de 20.200 a 35.200 euros, del 15 al 14 por ciento. Además, sumó la petición de Vox para recuperar la desgravación por la compra de vivienda. También, reclama una fiscalidad favorable al reto demográfico y el mundo rural y que no computen como ingresos las ayudas, como el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas vulnerables.

La popular Rosa Ayuso Esteban defendió el “gran esfuerzo” desarrollado por la Junta con una “importante” batería medidas fiscales ante los “devastadores efectos” del aumento de la inflación, mientras denunció el Gobierno bate récord en recaudación que remarcó sale del esfuerzo del los ciudadanos. Por ello, pidió que el Ejecutivo central adopte medidas complementarias a las que ha tomado la Comunidad, una “tierra de oportunidades”.

Por su parte, la socialista Rosa Rubio cuestionó la iniciativa “más demagógica” presentada por el PP por no apoyar las medidas del Gobierno central, que han supuesto 350 millones de euros, y recordó las propuestas de su Grupo para apoyar a familias y empresas, para impulsar una fiscalidad rural, que aseguró hasta ahora no existe, o para ampliar las ayudas al funcionamiento de zonas despobladas.“Tomen medidas propias”, dijo a los ‘populares’, a quienes afeó que “pateen” mientra hablaba y pidió que hicieran sus “deberes” antes de pedir a otros.

Nueva Ley Universitaria

Por otra parte, el Grupo Popular se aseguró el apoyo de todos los grupos, excepto de PSOE y Podemos, a su Proposición No de Ley (PNL) de rechazo de la nueva norma de universidades, que calificó de dañina para el sistema y de no ser necesaria para los universitarios.

Carmen Sánchez, del PP, durante la presentación de la PNL, enmarcó la propuesta en la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que “ha generado en la comunidad universitaria desasosiego, incertidumbre y preocupación”, rompe la cohesión del sistema con dos velocidades para los alumnos y no mejora la financiación.

“Estamos alarmados por los efectos adversos de esta ley”, argumentó Sánchez Bellota, que recogió también “la preocupación” generada en las mismas universidades, con la lectura de opiniones de los cuatro rectores, y abogó por el compromiso de elevar el 0,3 por ciento al 1 por ciento del presupuesto de los fondos europeos de resilencia a la educación superior universitaria.

Por su parte, Javier Teira, de Vox, resumió en “sectarismo, mediocridad y fraude” la norma, de cuyo contenido culpó al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez. También, habló de tres retos como “sobrevivir al Gobierno de Sánchez”, la exigencia de profesiones para que se adapten a los cambios sociales y la actualización del proyecto humanista que es la universidad. Así, propuso una enmienda de adición, que fue aceptada, para derogar la ley cuando gobiernen y aprobar otra para la calidad y equidad del sistema universitario.

El procurador de Cs, Francisco Igea, expresó compartir lo recogido en la PNL pero alertó de que hay mejoras que no tienen que ver con el Gobierno. También, recordó que las universidades públicas de Castilla y León han perdido un 30 por ciento de estudiantes en los últimos años y abogó por dotarlas de un mayor presupuesto para su competitividad e investigación.

Ocupación

Durante la sesión plenaria, el Parlamento regional dio luz verde una PNL presentada por Vox y enmendada por el PP, con los votos favorables de ambos partidos, la abstención de UPL, Soria YA¡, Cs y Por Ávila, y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, en la que piden al Gobierno de España cambios en la nueva Ley de Vivienda en materia de ocupación.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, indicó que aunque los 239 casos de ocupación que existen en la Comunidad aún no ha llegado a los "niveles de gravedad" de otros territorios, se ha observado un incremento del 62,6 por ciento, cifra que seguirá aumentando por el "trato de favor" que van a tener los ocupas con la nueva norma.

La enmienda defendida por el PP y aceptada en su integridad por Vox, además de remitir a las propuestas de vivienda del partido a nivel nacional, plantea en el caso de la ocupación un "reforzamiento de la seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles ante el incremento de la ocupación y tolerancia cero desde la administración pública frente a este fenómeno, promoviendo el desalojo de los ocupas en el plazo máximo de 24 horas, sin exigencias inversoras de la carga de la prueba", señaló la procuradora Beatriz Coelho.

Desde la oposición, la socialista Patricia Gómez afirmó que la propiedad privada está ya protegida por el Derecho en España, por lo que ha considerado los argumentos dados por Vox y el PP como "bulos y mentiras", con los que tratan de recuperar la política de beneficio a los "fondos buitre".

35 horas

También las Cortes de Castilla y León convalidaron por unanimidad en el pleno el decreto ley por el que se recupera la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos a partir del 1 de junio, si bien la oposición criticó que esta medida se adopte ante la cercanía de las municipales del 28 de mayo y expresó sus dudas sobre el impacto económico y las previsiones de contratación de personal.

En la presentación del texto, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, reiteró el apoyo de las organizaciones sindicales que participaron en la negociación, garantizó que se mantendrá la calidad de los servicios públicos y justificó la utilización de la figura del decreto ley por razones de “necesidad urgente y extraordinaria”.

Salud bucodental

Por último, los grupos de PP y de Vox rechazaron la propuesta socialista para incorporar la salud bucodental de toda la población a la cartera básica de servicios y garantizar la asistencia a los menores de entre 7 y 16 años, así como de grupos de la población con necesidades especiales, con el argumento de que los cambios son competencia del Gobierno y de que se trata de una iniciativa “demagógica y electoralista”.