Las Cortes urgen a Sánchez a solucionar la crisis que "está colapsando los juzgados"

Las Cortes de Castilla y León piden al Gobierno que preside Pedro Sánchez que adopte las medidas necesarias para dar una “rápida y efectiva” respuesta a la huelga que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia.

La iniciativa que el PP llevaba a la Cámara autonómica lograba el respaldo de todos los grupos salvo PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de Sánchez sustentado por indenpendentistas catalanes y filoetarras.

El ‘popular’ Ricardo Gavilanes defendía la iniciativa y en su intervención advertía que la huelga en este sector está “colapsando” los juzgados ante la “marginación” que sufren desde el Gobierno. En su opinión, los cuerpos generales de la Administración de Justicia representan al 93 por ciento de los trabajan en ella y están soportando la mayor carga de las tareas. “No puede ser efectiva ni garante de los derechos de los ciudadanos sin los funcionarios de la Administración de Justicia”, decía.

Desde el PSOE, Patricia Gómez aseguraba que echaba de menos en la iniciativa del PP un punto para superar la “obstaculización” de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y defendía la apuesta por el diálogo del Gobierno que, según decía, quiere una “justicia para todos”.

El procurador de Vox Javier Teiras planteaba una enmienda a la iniciativa del PP para reclamar la recuperación de las competencias de justicias por parte del Estado, para evitar que haya “varias velocidades” y para evitar el desmantelamiento de la justicia de proximidad. También, abogaba por “finiquitar” la teoría del PSOE que pasar por dar “al enemigo ni agua” y por ayudar a los amigos, entre los que citó a Txapote. Además, y advertía también de las consecuencias de la huelga ante la actuación “chapucera” y “despótica” de la ministra Pilar Llop.

En nombre de UPL-Soria YA, Alicia Gallego aseguraba que se debe evitar “las dobles velocidades” entre el mundo rural y las ciudades ante la implantación de los medios telemáticos. También indicaba que la reforma de la ley orgánica es un “recorte” de los puestos de trabajo y de las retribuciones y censuró que se haya planteado sin la negociación que demanda el colectivo de funcionarios.

Finalmente, en nombre de Ciudadanos, Francisco Igea, apoyaba la iniciativa que llega en un momento “tan oportuno” ante el “deterioro” de la justicia por la suspensión de las sesiones. Si bien, afeaba al PP que no aprovechara su etapa en el gobierno para acometer los cambios que ahora demanda.

Presos etarras

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León han aprobado una iniciativa de Vox en la que insta al Gobierno de España a evitar que el Gobierno Vasco transfiera más presos a las cárceles de Castilla y León, pide considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y plantea para ellos un estatuto propio.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha recordado que las agresiones graves a los funcionarios se han quintuplicado "en dos años" y subrayado que las prisiones provinciales de Palencia y de Salamanca han pasado al quinto y sexto lugar en número de agresiones en España.

Menéndez ha valorado el trabajo de los 1.400 funcionarios que trabajan en los ocho centros penitenciarios en Castilla y León, y ha criticado a la política nacional del PSOE en materia de prisiones, que en su opinión responde "a los peajes de Pedro Sánchez para obtener a los apoyos de PNV y Bildu para mantenerse en la Moncloa". El parlamentario del grupo proponente ha reprochado que los funcionarios de prisiones de Castilla y León -representados en el hemiciclo a través del sindicato 'Tu abandono me puede matar'- paguen la "negligente política penitenciaria del Gobierno" y ha acusado que al PSOE de aplicar la políticas de reinserción, hasta el punto de que "reinsertan a presos de ETA en las listas electorales".

Los grupos Socialista y de Unidas Podemos han rechazado esa iniciativa y se han abstenido UPL-Soria ¡Ya! y el resto de miembros del Mixto (Cs y Por Ávila).

Protección a los informantes

Finalmente, cabe señalar que en esta sesión plenaria se ha convalidado y por unanimidad el decreto-ley por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad, a través del que se protege a denunciantes de posibles irregularidades y se amplía en 24 meses la suspensión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego y casas de apuestas.

Gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de acoplar la normativa de la Comunidad a las nuevas normas europea y estatal, aunque la fijación de posiciones de los grupos sirvió para un cruce de criticas entre el PP y el PSOE. El segundo lamentó que no se haya recurrido al proyecto de ley y el primero afeó que la modificación del delito de malversación por el Gobierno no traslade un mensaje de “tolerancia cero” contra la corrupción.

Fue el nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien explicó en el pleno de las Cortes las novedades del nuevo decreto ley que, según decía, se adapta a la directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unióny a la ley estatal de febrero de este año de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Así, recordó que Castilla y León contaba desde 2016 con la ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración pública y se establecen las garantías de los informantes, que encargó las funciones a la Inspección General de Servicios.

La actual normativa amplía el abanico de posibles denunciantes, tanto del sector público como del privado cuando estos hayan conocido la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración General de la Comunidad. Igualmente, se amplía el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados.

El decreto incluye la ampliación de 24 meses en la suspensión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego y casas de apuestas. De manera que se amplía dicha suspensión hasta el 1 de enero de 2025 o hasta la entrada en vigor de la nueva ley Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, en tramitación en las Cortes.