Cuenta atrás para el "macrojuicio" a 63 personas por estafas bancarias que se celebrará en la Feria de Valladolid

La Feria de Valladolid acogerá a partir del jueves un ‘macrojuicio’ que sentará en el banquillo a 63 personas acusadas de estafas bancarias y que habría llegado a estafar unos 800.0000 euros.

Los hechos que juzgará la Audiencia Nacional, a no ser que las partes alcancen un acuerdo de última hora, se cometieron entre 2014 y 2016, cuando los acusados, mediante la aportación de documentos falsificados, lograron créditos, principalmente para la adquisición de vehículos de segunda mano, que luego no devolvieron.

En su escrito de calificación, el Ministerio fiscal reclama para los 63 encausados un conjunto de penas que suman más de 540 años de cárcel, mientras que en concepto de responsabilidad civil, se solicitan indemnizaciones que en su conjunto superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades bancarias perjudicadas.

Los siete cabecillas de la organización -A. I. Bastidas, J.M. Pastor, M.Y. López, B. Miguel, R.A. Posligua, S. Peláez y A. Melus- se enfrentan a penas de 18 años de cárcel por un delito con continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal y un tercero de blanqueo de capitales. Además, otras 23 personas se enfrentan a doce años de cárcel y para otros 26 acusados el fiscal reclama cinco años de prisión.

Los organizadores realizaban estudios previos en diversos bancos y una vez conocidos los requisitos que exigían para conceder un préstamo, falsificaban documentos y seleccionaban a las personas que solicitaban personalmente los préstamos que, en la mayor parte de los casos, eran para la compra de automóviles de segunda mano. Además, otras personas de la trama se dedicaban a realizar ingresos en las cuentas de las personas que solicitaban los créditos y que simulaban ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios.

Según el fiscal, las manipulaciones no solo afectaban al documento en que se plasmaba la finalidad del préstamo, sino también, ya que era imprescindible para aparentar la solvencia exigida por los bancos, a las nóminas, extractos bancarios, declaraciones de IRPF e informes de vida laboral, que acompañaban los solicitantes con la petición de crédito.

Junto a los cabecillas, para la consecución de los planes, la banda utilizaba a las personas que solicitaban los créditos, plenamente conscientes de cuáles eran su ingresos, su trayectoria laboral y que nunca habían gestionado la compra de ningún vehículo.

Una vez concedido el préstamo e ingresado el dinero en la cuenta del solicitante, menos una parte que se quedaba la persona que solicitaba el crédito, el resto del dinero llegaba a manos de los organizadores de la red, bien por transferencias a sus cuentas corrientes, bien por ingresos en metálico en las mismas, o entrega del dinero en mano.

En mucho casos, el control de las cuentas corrientes quedaba en manos de los cabecillas del grupo, a quienes los receptores de los créditos entregaban las claves necesarias para operar con las mismas.

Las entidades financieras afectadas por la estafa son Caixabank, Caja Laboral, Bankia, ING Bank, Banco Santander, Caja Rural de Zamora, Banco Popular, Bankinter, Abanca, BBVA, Banco Celetem, así como diferentes servicios financieros.