Sociedad
Gracia Romero, nuevo vigilante contra la corrupción en Castilla y León
El letrado dirigirá la Autoridad Independiente que depende del Consejo de Cuentas mientras Carlos Pollán, presidente de las Cortes, destaca la necesidad de que en política haya «contrapesos» como este de fiscalización «para evitar tentación totalitaria en el ejercicio del poder»
El proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los presupuestos de 2024 incluía una disposición adicional para crear la Autoridad Independiente en materia de corrupción. Un nuevo órgano que depende del Consejo de Cuentas de Castilla y León que preside Mario Amilivia, que vigilará a los poderes públicos, y asesorará en materia de prevención, combatir el fraude y, sobre todo, proteger a los ciudadanos que informen sobre irregularidades.
Pues la persona que se pondrá al frente de esta Autoridad Independiente, el letrado Luis Francisco Gracia Romero, tomaba esta mañana posesión de su nuevo cargo, donde pondrá su lupa sobre el sector autonómico y local de la Comunidad, que engloba la Junta, entidades locales pero también las Cortes o ls instituciones propias como el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Cuentas, cuyo presidente informará anualmente a las Cortes de la actividad realizada.
Igualmente, dentro de su ámbito de actuación, estará la potestad sancionadora, además del el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control existentes.
Además, actuará como canal externo de comunicación al que se refiere la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, respecto de las informaciones que afecten al sector público autonómico y local, a las instituciones propias de Castilla y León, y a las Cortes, en cuanto a su gestión administrativa y de gestión.
También podrá llevar a cabo propuestas y recomendaciones con el fin de promover, en su ámbito de actuación, los máximos niveles de seguridad.
El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, daba la bienvenida y la enhorabuena” a Luis Gracia, “también por su trayectoria”, mientras destacaba la necesidad de que en política haya “contrapesos” porque los mecanismos de fiscalización mutua "son la más eficaz garantía para no caer en la peor de las corrupciones: la de la tentación totalitaria en el ejercicio del poder”.
Pollán deseaba a Gracia suerte en su empeño y que no se le acumule el trabajo encima de la mesa de su despacho, "ya que eso significará -decía- que las distintas instituciones de la región cumplimos mejor que peor con nuestro deber, sin trampas ni atajos ni aprovechamiento de los ángulos muertos de la Ley”.
Sobre Luis Gracia
Luis Gracia es funcionario del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con destino en el Consejo Consultivo de Castilla y León, desde el año 2007.
Compagina sus tareas con las de letrado y las de secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) desde el año 2014 hasta la actualidad.
Este Tribunal, constituido en el ámbito de la Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras de 2012, se adscribió al Consejo Consultivo, siendo presidente de esta institución Mario Amilivia. Ya entonces, a propuesta de este, Luis Gracia ayudó a poner en marcha el Tribunal autonómico de Recursos Contractuales en demanda de su mayor operatividad y eficiencia.
Gracia ha impartido numerosos cursos para empleados públicos, esencialmente en materia de contratación del sector público y es ponente habitual, en jornadas, congresos y mesas redondas. También es representante habitual en las reuniones nacionales de coordinación de los tribunales de recursos.
Asimismo, es coautor de diversas obras especializadas y artículos, así como de las memorias anuales de la institución en materia de contratación del sector público.
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