Los jueces se echan a las calles en defensa de la separación de poderes y contra la amnistía

Este jueves, si todo sale como está previsto, Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno con 179 votos, los 121 de su partido más los 31 de Sumar, los siete de Junts, los siete de ERC, los seis de EH Bildu, los cinco del PNV, y los dos del BNG y Coalición Canaria. Para ello, ha tenido que pactar con ellos una serie de cuestiones -como por ejemplo una ley de amnistía a los condenados del Golpe de Estado en Cataluña en 2017 para hacer olvidar lo que allí pasó como si no hubiera ocurrido y beneficiar a sus cabecillas, entre ellos el prófugo Carles Puigdemont, lo que abre la puerta a un referéndum de autodeterminación, así como la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco u otorgar el estatus de nación a ambos territorios, dentro del acuerdo con el PNV- que han levantado en pie de guerra a los españoles, o al menos a más de la mitad del país.

Las protestas están siendo multitudinarias y las que se avecinan se esperan que sigan al alza ante la indignación existente Y no solo de los ciudadanos de a pie, ya que ahora se empiezan a sumar gremios y colectivos que están viendo que la Democracia está en riesgo.

Es el caso de los jueces, que aparte de mostrar su rechazo a la amnistía en un comunicado conjunto de todas las asociaciones "porque se carga la separación de poderes", ahora dan un nuevo paso y anuncian movilizaciones en las calles.

Así, cabe señalar que el presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca, José Antonio Vega, y el juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, se concentraban en la Plaza de Colón, junto a las dependencias judiciales, junto a unos 150 profesionales de justicia se concentran en la plaza de Colón para oponerse a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política.

Vega leía un texto en el que se advertía de que la ley contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, “con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Protestas a las que también se han sumado otras cuatro provincias de Andalucía -Sevilla, Cádiz, Huelva y Jaén- para decir que hasta aquí hemos llegado y denunciar el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez por la referencia que en él se hace al "lawfare" o judicialización de la política.

Los jueces quieren así expresar la "adhesión expresa" de sus participantes al documento publicado por las asociaciones judiciales y plantar cara a quienes defienden que ha habido persecución política desde los tribunales y su inclusión en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts suscitó el rechazo unánime de todos los operadores jurídicos.

Rollán insistíaen que “el monopolio de la jurisdicción en los estados democráticos lo tienen los juzgadores y los tribunales y toda interferencia ajena es una excepción, como lo son los indultos y las amnistías”, pero , según el juez decano, “no se puede permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado”.