El macrojuicio de la ‘trama eólica’ arrancó esta mañana en la Audiencia Provincial de Valladolid con la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado -presunto cabecilla de la trama y para el que fiscal reclama penas que suman 42 años de cárcel-, solicitando la prescripción de los delitos y argumentando que el informe de la Inspección de Hacienda que destapó el caso es “nulo de pleno derecho” por las numerosas “irregularidades” que se cometieron durante su desarrollo.

La prescripción de los delitos y la “ilegalidad” del informe de la Inspección de Hacienda también fueron argumentos utilizados por otras de las defensas en este proceso, e incluso el abogado defensor de María del Mar Moreno, exmujer de Albeto Esgueva, calificó de “temeridad” que su patrocinada se encuentre entre los acusados, cuando se trata de un prescripción “de libro” y advirtió al presidente de la Sala que de seguir acusada es probable que pierda su puesto de trabajo.

Otro de los argumentos utilizados por las defensas de los acusados hicieron referencia al auto de apertura del juico oral. En este sentido, el abogado de Patricio Llorente alegó que no se respetó el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente, a la vez que reclamó a la presidencia de la Sala que se pronuncie en este momento del juicio sobre la prescripción de los delitos.

Por otra parte, en el trámite de cuestiones previas, al inicio de la vista oral, los acusadores particulares que dirigían sus escritos contra el empresario Carlos Galdón retiraron las acusaciones, aunque sí solicitaron su comparecencia en la Sala como testigo, petición que fue aceptada por el tribunal, que también declaró el sobreseimiento y explicó que Carlos Galdón deja de acudir como acusado al juicio.

En el juicio, que se prolongará hasta finales enero de 2026 a lo largo de 43 sesiones, se sientan en el banquillo 14 acusados, entre los que se encuentran tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios. Los acusados por la Fiscalía Anticorrupción, para los que se reclaman 138 años de cárcel, son Rafael Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, Alberto Esgueva Gutiérrez, Francisco Esgueva Gutiérrez, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio Llorente Muñoz, Alejandro Llorente Muñoz, Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola y Andrés Martín de Paz.

Tras las cuestiones previas, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha fijado las primeras sesiones para los días 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20 y 21 de octubre. En noviembre el juicio ocupará los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26. En cuanto al mes de diciembre, se celebrarán sesiones los días 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 y 17. El calendario se cerrará en enero, con sesiones los días 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28. Todas las sesiones indicadas comenzarán a las 10.00 de la mañana.

Desde octubre a diciembre, está previsto que comparezcan 84 testigos y 19 peritos propuestos por las distintas partes. Tras ello, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), es previsible que, a partir del 10 de diciembre, declaren los acusados. Después se desarrollará las pruebas documentales.

La supuesta trama tiene su origen cuando la Junta decidió favorecer la entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos para obtener las licencias correspondientes. El fiscal recoge que el exconsejero de Economía, Tomas Villanueva, y Rafael Delgado establecieron en 2003 un modelo para manejar las licencias eólicas, por la que dejaron al margen de la tramitación a los servicios territoriales de la Junta. Así, obligaban presuntamente a que las grandes empresas se aliaran con pequeñas compañías de la Comunidad. La estrategia suponía exigir a los promotores interesados permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización. Después, pequeñas compañías compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían por mucho más.

Además del Fiscal Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, también figuran como acusadores Ecologistas en Acción, en calidad de acusación popular, así como otras seis más particulares en representación de las empresas perjudicadas

El principal cabecilla de la trama y para el que la Fiscalía solicita más penas es el exviceconsejero de Economía y secretario general de la Consejería de Economía desde 2003 a 2011, Rafael Delgado, que el pasado mes de enero fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por el ‘caso Perla Negra'. En esta nueva trama la petición del fiscal alcanza los 42 años de cárcel y los 239 millones de euros. Se le imputan tres delitos continuados de cohecho, por lo que se le piden 14 años de cárcel, inhabilitación especial en ese periodo y 222 millones de euros en concepto de multas. A mayores, se le acusa de seis delitos de extorsión, un delito de tráfico de influencias, un delito de prevaricación, un delito de blanqueo de capitales y dos delitos contra la Hacienda Pública.

Alberto Esgueva

La segunda pena más alta se reclama para Alberto Esgueva, empresario del sector eólico y ex director de la División Internacional de la Agencia de Desarrollo de la Junta, que se enfrenta a un delito continuado de cohecho y a otro de blanqueo de capitales. En total, se solicitan contra él 68 millones de euros de multa y 12 años de prisión. Además, su hermano Francisco Esgueva se enfrenta a una pena de seis años de cárcel e inhabilitación y una multa de 60 millones por un delito continuado de cohecho.

Entre los exaltos cargos del Gobierno autonómico también se encuentran Andrés Martín de Paz, exdirector de deportes de la Junta, que será juzgado por un delito continuado de cohecho y para quien se piden ocho millones de euros y seis años de cárcel e inhabilitación. También figuraba entre los acusados Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, que se encuentra ya fallecido.

Mientras tanto, para el abogado, empresario y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, se solicita una pena de diez años y más de 26 millones de euros de multa. Se le acusa de un delito de blanqueo de capitales, un delito de tráfico de influencias, dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de cohecho.

Por su parte, para Ricardo Bravo, quien fuera director de Ibercyl, se piden seis años de cárcel y una multa de 100 millones de euros por un delito continuado de cohecho, mientras que el director de control de Iberdrola, Rafael Icaza de la Sota, se enfrenta a seis años de la cárcel e inhabilitación y a una multa de 100 millones de euros. Además, el director de Iberdrola Energías Renovable durante los años en los que se gestó al trama eólica, Pedro Barriuso, se enfrenta a otros seis años de cárcel e inhabilitación y una multa de cien millones de euros.

Entre los acusados también están los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de Collosa, que se enfrentan a multas de 45 millones de euros y seis años de cárcel e inhabilitación por un delito continuado de cohecho.

El ex administrador de Urban Proyecta, Germán Martín, deberá hacer frente a dos delitos por el que le piden 14,5 millones de euros de multa y doce años de cárcel. Por un delito continuado de cohecho se solicita una multa de 14 millones de euros, seis años de cárcel e inhabilitación y por el segundo, de blanqueo de capitales, se pide seis años de cárcel y 527.466 euros. Además, para el también empresario César Hernández, acusado de un delito continuado de cohecho y otro de tráfico de influencias, el fiscal pide algo más de un millón de euros y siete años de cárcel.

Por último, la exmujer de Albeto Esgueva, María del Mar Moreno, será juzgada por un delito continuado de cohecho por el que se le exigirán 215.000 euros en concepto de multa y cuatro años de prisión e inhabilitación.