Luz verde al proyecto de Ley de apoyo a las personas con discapacidad en Castilla y León: estas son las claves

Buenas noticias para las 175.000 personas con alguna discapacidad de Castilla y León, porque pronto van a ver mejorada su calidad de vida, pero también y sobre todo para sus familias, que verán cumplida una de sus viejas demandas: saber qué va a pasar con sus seres queridos cuando ellos no estén.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves al Proyecto de Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, una de las iniciativas más importantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la actual legislatura, llamada a mejorar la calidad de vida y bienestar de este colectivo, desde una vida cada vez más digna y más autónoma e independiente dentro de lo posible hacia donde ellos deseen, pero que también da tranquilidad a las familias, ya que aparte de garantizar la atención a estas personas si se quedan solos en la vida, facilitará las cambiantes transiciones en las diferentes etapas de la vida.

Una norma "pionera" que ahora la Junta remitirá a las Cortes de Castilla y León, donde aún debe debatirse y aprobarse antes de su puesta en marcha, que "garantizará" el desarrollo personal de este colectivo a lo largo de toda su experiencia vital, según asegura la consejera Isabel Blanco, quien destaca su "enfoque personalizado", centrado en sus objetivos, metas y preferencias vitales y no sólo en las intervenciones profesionales. Un método en el que el aspecto personal toma casi todo el protagonismo.

La consejera pone en valor también que el texto haya contado con la participación y el consenso de las entidades del Tercer Sector con el reto de apoyar y adaptar sobre todo las transiciones a lo largo de la vida de las personas con discapacidad a través de la Sanidad, la Educación y asistencia social, pero también favoreciendo el acceso a una vivienda y, sobre todo, al mercado laboral.

Otro de los aspectos importantes de la norma, según Blanco es que garantizará el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente orientado a las situaciones de vulnerabilidad.

Para tal fin, se pondrá en marcha un servicio que incluye asistencia o acompañamientos a la hora de llevar a cabo actos en los que el ciudadano deba hacer constar su voluntad jurídica como persona física. Todo ello muy enfocado a respetar el proceso de toma de sus propias decisiones.

El proyecto de Ley, que está compuesto por 24 artículos distribuidos en tres títulos, refuerza también el apoyo al colectivo en las tareas del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno y ayuda y asesoramiento en la toma de decisiones. "Pero, sobre todo, un aprendizaje continuo para alcanzar el máximo grado posible de independencia", apunta Isabel Blanco.

Finalmente, cabe señalar que este texto, que se centra también en la coordinación y colaboración con el resto de las administraciones y con el ámbito privado, regula otras situaciones como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.