Mejorar 80.000 hectáreas de regadío en esta legislatura, prioridad para la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León prevé desarrollar durante toda esta legislatura un total de 80.000 hectáreas de regadío y así dar prioridad a la construcción de nuevas zonas regables. Una superficie total de la que ya se está actuando en casi un 40 %, alrededor de 30.000 hectáreas, y se está pendiente de obtener la autorización y cooperación del Gobierno central para poder comenzar a trabajar en las 50.000 hectáreas restantes.

Así lo confirmó el vicepresidente, Juan García-Gallardo, durante una visita las obras del proyecto de la red de riego para la transformación en regadío de la zona del río Aranzuelo, en la provincia de Burgos.

García-Gallardo aseguró que actuaciones como la que ha visitado contribuyen a generar riqueza y a fijar población, especialmente en la denominada ‘España Vaciada’.

En ese sentido, destacó que con compromisos como el que está desarrollando la Administración regional en relación con los regadíos es como se consigue hacer frente al problema de la despoblación.

“Uno se puede llenar la boca con la palabra despoblación, pedir que se redacten leyes, que se creen comités, pero lo que hay que hacer para revertir este problema de despoblación es dar posibilidades de desarrollo a las zonas rurales, favorecer la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento de los recursos forestales", señaló el vicepresidente.

En cuanto a la zona visitada, García-Gallardo recordó que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destinó 17,5 millones, de los que se han ejecutado 9,8, y que permitiría el desarrollo de una nueva zona regable en el margen derecho del Duero, en la provincia burgalesa.

Esta actuación, que abarca los términos municipales de Arauzo de Torre, Caleruega y Hontoria de Valdearados, en la provincia de Burgos, y tal y como explicó el vicepresidente en su intervención ante los medios, supone el incremento de la superficie de regadío de la Comunidad en 854 hectáreas que pertenecen a 243 propietarios.

“Cuando entramos en el Gobierno quisimos dar prioridad a toda la modernización y a la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas y de nuevos regadíos”, afirmó en vicepresidente en declaraciones a los medios, donde explicó que fue este el primer convenio que firmaron con la comunidad de regantes.

“Donde hay agua, hay vida, riqueza y se fija población”, afirmó el vicepresidente, que recordó el “compromiso” del Ejecutivo autonómico para desarrollar 80.000 hectáreas de regadío durante la presente legislatura. “Estamos haciendo ya actuaciones en 30.000 hectáreas y tenemos pendiente otras 50.000, en las que estamos esperando la cooperación del Gobierno central, para que nos autoricen”, explicó.

“Uno se puede llenar la boca de la palabra despoblación, pedir que se redacten leyes, que se creen comités, pero lo que hay que hacer para revertir este proceso de despoblación, es dar posibilidades de desarrollo a las zonas rurales”, apuntó el vicepresidente, a la vez que destacó la importancia de “favorecer” la agricultura y la ganadería. “Es el camino que queremos recorrer. Estar muy cerca de las personas, que se queden a vivir en los pueblos, dar una oportunidad al mundo rural”, añadió

A preguntas de los medios acerca si se ha avanzado en la simplificación de trabas administrativas, un asunto que preocupa a los agricultores y ganaderos. “Ha habido avances”, afirmó García-Gallardo, que recordó que se ha unificado los registros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero con los propios registros de la Junta, que ha supuesto “un trámite de simplificación”.

También, indicó que pronto celebrarán una nueva reunión para contar los avances con respecto a este tema, que permitirá simplificar trámites que afectan “a todas las consejerías de la Junta”. Indicó además que en aquellos aspectos donde no tienen competencias autonómicas, se han dirigido a los poderes nacionales e internacionales, en particular a la Comisión Europea para simplificar trámites como los de la PAC. “Para que podamos tener una PAC menos burocrática”. “Toda esta legislación verde, de aparentemente buenas intenciones, dificulta la vida a las personas que viven en el campo”, concluyó el vicepresidente.