Satisfacción de la Junta por el apoyo del Parlamento europeo al cambio de estatuto jurídico del lobo

Con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones, el Parlamento ha aprobado la propuesta de la Comisión para modificar la Directiva Habitat, incluyendo todas las poblaciones del lobo en la categoría de protegido, y no estrictamente protegido, incluidas las poblaciones de lobo al sur del Duero, que todavía mantenían la protección estricta.

De esta manera, tal y como reconoce la Comisión Europea, los Estados miembros tendrán ahora una mayor flexibilidad en la gestión de sus poblaciones de lobos para mejorar la coexistencia con los seres humanos y minimizar el impacto del crecimiento de la población de lobos en la UE, que en España conlleva que la Junta de Castilla y León recupera la capacidad de gestión de la especie que el Gobierno de España cercenó en el año 2021.

Además, gracias a las enmiendas aprobadas en el Senado durante la tramitación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario –en concreto, gracias a la incorporación de la Disposición transitoria única, adaptación a la normativa europea–, una vez que el Consejo de la UE realice la aprobación formal de la modificación del Directiva hoy apoyada por el Parlamento –y se publique la misma en el Diario Oficial– las poblaciones del lobo al Sur del Duero quedarán automáticamente excluidas del anexo IV de la Directiva (protección estricta) para incorporarse al anexo V, que permite una mayor flexibilidad y adopción de medidas de gestión de la especie. Una situación nueva y satisfactoria dado que desde el año 1992 la Junta no podía gestionar la especie por disposición de dicha Directiva.

El siguiente paso necesario para permitir con normalidad la gestión de la especie será la revisión de la evaluación del estado de conservación del lobo para el presente sexenio, que en la actualidad se encuentra como desfavorable. La Junta ya remitió en enero del presente año al Ministerio la información que confirma el estado de conservación favorable de la especie en la Comunidad. El plazo que el propio Gobierno de España dispone para realizar este reporte es del 31 de julio, debiendo aprobarse previamente en Conferencia Sectorial.

Desde la Junta se confía en que esta vez sí el Gobierno de España escuche a las comunidades con presencia de lobo y a los datos aportados del seguimiento de las poblacionales de lobo y de sus respectivos censos regionales realizados durante el sexenio 2019-2024, para que la evaluación del estado de conservación del lobo en España sea favorable, como ya lo fue en el sexenio 2007-2012, con menos lobos y una menor área de distribución que en la situación actual.

Sobre este reporte sexenal, cabe recordar que advertidos el Ministerio y la Comisión por la Junta de Castilla y León y otros gobiernos autonómicos de los errores de ese informe de 2019, y a la vista del censo nacional que tiene que elaborarse en 2025 a partir de los censos de las autonomías, no parece posible otra decisión que la rectificación de esta situación en el nuevo informe sexenal, con lo que el lobo se tendría que considerar en un estado de conservación favorable.

Desde la Junta de Castilla y León, atendiendo al nuevo censo y a la evolución de los ataques al ganado, se planificarán las actuaciones necesarias para reducir los daños sobre la ganadería. Para ello se trabajará en incentivar las medidas preventivas sobre la especie, en la compensación justa y rápida a los ganaderos y también en el control de los ejemplares que, a pesar de las medidas preventivas tomadas, sigan causando daños, o bien en aquellas explotaciones donde no sean viables las medidas preventivas conocidas.

La Junta de Castilla y León no busca que el lobo sea una especie cinegética convencional, sino que se puedan establecer controles sobre la misma que ayuden a recudir los daños y, por tanto, a recuperar el equilibrio entre conservación del lobo y de la ganadería.

Por otro lado, las compensaciones por los daños seguirán siendo asumidas por la Administración, y para ello se contará tanto con el personal de la administración, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos, como con los cazadores locales para facilitar la ejecución de las decisiones de reducción de daños.

Con este apoyo del Parlamento Europeo se da un paso mas en el objetivo en el que la Junta de Castilla y Leon ha estado trabajando en los últimos años, tanto en el ámbito europeo como en el estatal.