Suárez-Quiñónes reitera sus discrepancias con la gestión del lobo y los incendios forestales del Gobierno de Pedro Sánchez

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aprovechado la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, para reiterar sus discrepancias con el Gobierno respecto a la gestión del lobo y los incendios forestales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado, durante el encuentro, a Castilla y León 42,4 millones de euros, fundamentalmente de procedencia europea, que se destinarán a diversas actuaciones para la conservación y la restauración de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático o a la implementación de la normativa de residuos.

En la reunión de este órgano de coordinación entre el MITECO y las comunidades autónomas, se han validado los acuerdos aprobados previamente en Consejo de Ministros, que canalizan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio presupuestario 2024 en el ámbito de la transición ecológica.

El total de fondos territorializados se han distribuido en distintos acuerdos, de los que se han asignado a Castilla y León en PIMA eventos adversos, 800.000 euros; en PERTE digitalización ciclo del agua, 8.637.600 euros, en Plan de aplicación de la normativa de residuos, en el ámbito de proyectos estratégicos 20.154.499,85 euros y digitalización 2.823.832,41 euros.

Dentro de las actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad (en el caso de Castilla y León, para la conservación del urogallo y del visón europeo), se han asignado 1.060.137,49 euros y para el lobo ibérico, en medidas preventivas e indemnizaciones por daños, 8.707.839 euros (4.920.780 y 3.787.059,00, respectivamente).

Las Áreas de influencia socioeconómica (AIS) de parques nacionales contarán con 258.560 euros.

En lo referente a los últimos tres puntos, el consejero ha denunciado que el cambio de criterio respecto de las conferencias sectoriales de años anteriores motiva que, aunque las asignaciones iniciales resulten sensiblemente parecidas, las transferencias finales se alejen mucho de las habituales para el caso de Castilla y León, ya que en el caso de las AIS, por ejemplo, se reducen a la mitad.

Esto es debido al diferente tratamiento dado a los remanentes de años anteriores o procedentes de cantidades no justificadas de las asignadas a otras comunidades, de las que Castilla y León se beneficia al justificar todas las actuaciones y obtener, por ello, esos fondos suplementarios.

Esto supone una merma considerable en los fondos a percibir por el conjunto de las comunidades autónomas y, en concreto, por Castilla y León, han precisado dichas fuentes.

En el caso de Castilla y León, "la repercusión de este cambio de criterio es más grave, toda vez que los fondos del lobo que se acordaron en 2022 no fueron transferidos de forma efectiva a esta Comunidad hasta el 2023, lo que hace imposible justificar el gasto en 2022, cuestión que ha trasladado el Gobierno autonómico".

A eso se suma que las asignaciones correspondientes a 2023 en estas tres áreas no llegaron a materializarse, ya que, aunque fueron aprobadas en otra Conferencia Sectorial ese año, finalmente no fueron fiscalizadas de conformidad por el propio Ministerio y, por tanto, se perdieron, lo que ha supuesto una pérdida de fondos asignados previamente a Castilla y León de más de 10,5 millones de euros.

Además, aunque la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se había comprometido a acumular en 2024 las cantidades no asignadas en el 2023, "no ha sido así".

"Pese a que este año hay una nueva asignación, eso no cubre el importe previsto el año pasado, que no se llegó a transferir; ni lo que era imposible de justificar de 2022 al llegar los fondos en 2023, por lo que Suárez-Quiñones ha demandado una compensación al alza en los fondos asignados, aunque se produzca en otro momento dentro de 2024".

Se ha presentado también información de los proyectos de reales decretos derivados del Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales.

En concreto, se trata del borrador de Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales y el borrador de Real Decreto por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Sobre el primero de ellos Castilla y León ha mostrado un parecer favorable, pero en el segundo ha demandado un mayor consenso que no se ha producido hasta la fecha, tanto en la forma de tramitación, "que debería haber sido más clara, transparente y garantista en los comités previos y en la posibilidad de participar las autonomías, como en el fondo de las cuestiones abordadas".

En ese sentido, el consejero ha recalcado la necesidad de que en estos instrumentos se alcance un elevado grado de consenso por parte de las comunidades.