Veinte años de la red contra la exclusión social que llama a ver la pobreza como un problema social

La sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid ha acogido este martes una jornada de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Castilla y León (EapnCyL) con motivo de sus veinte años de trabajo y compromiso en defensa de las personas más vulnerables y empobrecidas.

Un encuentro al que ha asistido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, donde el presidente de EAPN CYL, Óscar Castro, ha destacado el trabajo que se realiza en Castilla y León en favor de este colectivo.

"Esta Comunidad no es de las autonomías que presentan peores datos de toda España, pero hay que seguir trabajando y apostando por la colaboración conjunta”, decía, al tiempo que aseguraba que en Castilla y León la pobreza tiene rostro de mujer, y el desempleo, de persona joven.

En este sentido, citaba los últimos datos adelantados de la Tasa AROPE, que registró una “ligera subida” al pasar del 22,1 al 22,4 por ciento en España, una subida derivada de la inflación como del aumento de los alquileres y de la vivienda.

En Castilla y León, el 6,4 por ciento de la población de Castilla y León estaba en 2023 en situación de carencia material y social severa, mientras que la renta media por persona fue de 14.124 euros, 801 euros más que en el 2022, ligeramente por encima de los 14.082 de promedio nacional.

Entre los retos de futuro, Castro se refería a la necesidad de visibilizar el trabajo que hacen estas entidades, así como poner en el centro de las políticas a las personas, que deben ser quienes marquen la agenda política, y concienciar a la sociedad de que los problemas de los más vulnerables no son problemas de esas personas, sino que es un problema social.

Durante estas dos décadas, han atendido a más de 800.000 personas en Castilla y León, con 3.819 trabajadores y 14.590 voluntarios.

La consejera, por su parte, aseguraba que la inclusión, igualdad de oportunidades real y efectiva entre castellanos y leoneses y la protección de los más vulnerables son una prioridad para el Ejecutivo autonómico.

La Junta atiende a más de 250.000 familias en la Comunidad cada año a través de la Red de Protección a las Familias Vulnerables con un presupuesto que supera los 200 millones de euros, que se ejecuta mediante ayudas y recursos para que ningún ciudadano se quede atrás. Una red que trabaja con un objetivo claro: ofrecer una respuesta eficaz, unificada, coordinada, con garantías de acceso y proximidad.

A través de esta iniciativa autonómica, se otorgan ayudas de emergencia social para el pago del alquiler (9.700 personas atendidas en 2023), de la cuota hipotecaria (1.007) o cubrir necesidades de subsistencia, como gastos de alimentación, cuidados o alojamiento temporal, con 17.448 personas atendidas durante el ejercicio anterior. Junto a ello, el ‘Bono Social Térmico’ dirigido a los consumidores vulnerables, para que puedan hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente o cocina, con 95.000 personas beneficiadas el pasado año.

Otro de los ejes de esta Red es la Renta Garantizada de Ciudadanía que, a diferencia del Ingreso Mínimo Vital, está vinculada a la búsqueda de empleo y cuyos requisitos principales son aceptar las ofertas de trabajo, garantizar la escolarización de los hijos o acudir a los cursos de formación que ofrece la Administración autonómica. Es más, a principios de año, la Consejería convocó ayudas por 2,5 millones de euros para financiar 139 itinerarios formativos para que los perceptores de esta renta, entre otros, puedan acceder a un empleo.

Además, fuera de la Red, la Junta de Castilla y León y EAPNCyL trabajan de manera conjunta dentro del proyecto europeo PACT en la configuración de la Herramienta de Diagnóstico Multidimensional de la Exclusión (HDME), un instrumento mediante el cual se analizan las causas y los factores que provocan la exclusión social. El Ejecutivo autonómico ha venido financiando este desarrollo con 143.000 euros (70.000 euros en 2023 y 73.000 euros en 2024), destinados, sobre todo, para la formación de profesionales de los Servicios Sociales de corporaciones locales y entidades del Tercer Sector en el manejo de ésta.

EAPNCyL es una plataforma que trabaja con las personas más vulnerables de la Comunidad y que no sólo se centra en la ayuda directa a estos colectivos, sino que también promueve el análisis de la realidad social y de sus causas, así como la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía.

Finalmente, el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, agradecía a EapnCyL por su labor y aseguraba que el principal problema del estado social y democrático de derecho es la pobreza y la exclusión social, "y no solo ya por las personas en esa situación que no pueden ejercer con dignidad los derechos fundamentales que tienen reconocidos, sino porque el propio modelo de estado pierde legitimación, se generan malestares, y eso nunca conduce a buenos resultados”.