Colau impide la retirada de la medalla de Barcelona a Felipe González por los GAL

La alcaldesa quiere abrir un debate para establecer un criterio unitario en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con una mascarilla en defensa del movimiento LGTBDavid Zorrakino Europa Press

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha propuesto en el pleno municipal de este viernes revisar las medallas de oro de la ciudad que se han otorgado y retirarlas “a cualquier persona que tenga una condena”, después de que JxCat haya pedido retirar la Medalla de Oro al expresidente del Gobierno central Felipe González.

En concreto, JxCat ha presentado un ruego para que el Ayuntamiento inicie los trámites para retirar la medalla a Felipe González y la medalla de honor Barcelona 92 al exsecretario de Estado Rafael Vera por "la implicación de los dos en la creación de los GAL".

Colau no ha especificado su posicionamiento sobre retirar la medalla a González y ha apostado por impulsar un “debate serio y en profundidad” para establecer un criterio sobre la retirada de las medallas en caso de que haya una sentencia condenatoria, ya que es una cuestión que no se resuelve mediante un ruego, sino con una iniciativa propuesta y debatida por los grupos.

Ha recordado que también tienen este reconocimiento personas condenadas, como el expresidente del Barça Josep Lluís Núñez; el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, y el expresidente del Port de Barcelona Sixte Cambra, que no está condenado, pero que fue detenido y tiene la causa abierta, ha explicado la alcaldesa.

"¿Se debe retirar la medalla inmediatamente? ¿Se tiene que esperar a que haya una sentencia?", ha cuestionado Colau, y ha afirmado que, quien tenga una condena, como Vera, deben retirársela inmediatamente y ha llamado a retirar muchas más.

Colau ha mostrado su "rechazo absoluto" a cualquier forma de violencia, de terrorismo y, más aún, ha especificado, si lo hace el Estado o cualquier institución democrática que debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Ha valorado la actividad de los GAL como un hecho gravísimo y ha mostrado su apoyo a realizar una comisión de investigación en el Congreso o donde proceda “para aclarar todas las responsabilidades, incluyendo las políticas”.