Laura Borràs, la coleccionista de polémicas: de imputada por el Supremo a prometer de nuevo la DUI

Justo un día antes de Sant Jordi, el 22 de abril de 2017, Laura Borràs, entonces directora de la Institució de les Lletres Catalanes, se estrenó en política leyendo un manifiesto a favor de celebrar el 1-O en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat y ante el Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Una desconocida para el público e incluso para los periodistas, malacostumbrados a los nuevos dirigentes que ha alumbrado el “procés”. En menos de cuatro años, el ascenso de Borràs ha sido meteórico, fulgurante, como pocos se recuerdan: consejera de Cultura del Ejecutivo de Torra, líder de JxCat en el Congreso, ganadora por mayoría abrumadora en las primarias de Junts que supusieron un órdago al liderazgo de Puigdemont y ahora futura presidenta del Parlament.

Eso sí, la polémica también la ha acompañado en este salto de vértigo, del anonimato a comandar la primera institución catalana al margen de la Generalitat. Tanto es así que frente a sus aspiraciones políticas se encuentra la causa investigada en el Supremo acerca de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 y el 2017. En concreto, se investiga a la diputada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros. En su discurso ha defendido que es «victima de la represión política», como ya ha hecho hasta el momento en el Congreso.

Ahora y una vez ha sido escogida diputada en el Parlament, el caso acabará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A nivel político, sin embargo, sus derivadas son varias: la CUP ha cuestionado su nombramiento este mismo jueves a mediodía y en plena recta final de las negociaciones y su presencia en un hipotético Ejecutivo provocaba recelos en ERC al poder acabar como inhabilitada y con el republicano Pere Aragonès obligado a tomar partido.

La cámara catalana será ahora su hábitat después de pasarse toda la campaña prometiendo que reactivaría la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) si el independentismo superaba el 50% de los votos en las urnas y Junts ganaba los comicios. La primera condición se ha cumplido si se suman los apoyos del PDeCAT, formación extraparlamentaria, y la segunda no después de quedar por detrás del PSC y de ERC. Queda por ver cómo digiere ahora Borràs su promesa fallida y qué hoja de ruta acaba de definir en el Parlament.

Sea como fuere, el objetivo del independentismo es «hacer frente a los ataques del Tribunal Constitucional a la soberanía» de la cámara. Es decir, redoblar el desafío desde el Parlament mientras Esquerra apuesta por la vía pragmática en la Generalitat. De hecho, Junts, ERC y la CUP ya han escenificado unidad en este sentido a raíz de la querella de la Fiscalía contra Roger Torrent y tres miembros de la Mesa por desobediencia al TC. Las tres fuerzas rubricaron un texto conjunto en el que avisaron de que seguirán aprobando resoluciones sobre la autodeterminación en el Parlament en la nueva legislatura.

A favor del catalán como lengua única

Garante de las esencias más escoradas a la radicalidad del independentismo, antes de dar el salto a la política firmó el polémico manifiesto del Grup Koiné, que cargaba contra el bilingüismo y exigía un nuevo país donde solo fuese oficial el catalán.