ERC sospecha que Sánchez fallará a su palabra ante las elecciones de la Comunidad de Madrid

La moción de censura contra el PP en la Región de Murcia ha desatado un tsunami de consecuencias todavía muy inciertas en la política española. ¿Por qué? Porque a primera vista aparecen como efectos directos la convocatoria de las elecciones en la Comunidad de Madrid y la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, pero todavía hay muchas cosas por determinar. Y, una de ellas es cómo puede impactar sobre la legislatura porque ya hay importantes socios de Pedro Sánchez, como Esquerra,que empiezan a perder la paciencia porque consideran que la carpeta independentista lleva ya mucho tiempo de retraso y sospechan que el presidente del Gobierno puede aparcarla más para volcarse con el 4-M. El PDeCat, con cuatro diputados en la Cámara Baja, también ha tomado protagonismo en la aritmética parlamentaria del Congreso (facilitó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado) tras la separación con JxCat y advierte que, por ahora, se encuentra «a la expectativa» y «vigilante» ante cuál es el rumbo que tome Sánchez.

Si no se tuercen las cosas y JxCat y la CUP lo impiden, Esquerra tiene previsto formar Govern a últimos de marzo –entre el 26 y el 28, Pere Aragonès podría ser investido– y una de las primeras cuestiones que hay en la carpeta es la reactivación de la mesa de diálogo. Si bien, los republicanos creen que Sánchez puede servirse de las elecciones madrileñas para tratar de aplazar la puesta en marcha del foro de negociación entre Gobierno y Generalitat. También creen que puede retrasar el proceso de los indultos: los republicanos, igual que JxCat, nunca han confiado en la medida de gracia, pero poco a poco se han ido aviniendo a aceptarla.

Ahora observan que el Gobierno está aferrándose a vericuetos legales para evitar materializar los indultos pronto. «Ponen excusas para evitar hacer nada», afirman desde la formación liderada por Oriol Junqueras y Aragonès. Lo cierto es que las señales de malestar se van multiplicando en el partido republicano, que se ha convertido en un socio imprescindible de Sánchez para esta legislatura tras permitir la investidura y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Los republicanos unieron ayer fuerzas con JxCat, PDeCat y la CUP para registrar la proposición de Ley de amnistía, que es la vía por la cual apuestan los independentistas para liberar a los presos. Con la amnistía, la intención es que se exima de responsabilidades penales a los más de 3.300 políticos y activistas contabilizados desde 2013 con problemas con la Justicia –el texto incluye desde delitos de orden público, a delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, revelación de secretos o la rebelión–. La propuesta legislativa tiene escaso recorrido porque la rechazarán, como mínimo, tanto el PSOE, como el PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, sí que se tramitará y eso permitirá situar de nuevo en primera línea la situación de los presos separatistas.

En este punto también habrá que ver cómo se posiciona Podemos, que siempre ha mostrado reticencias a la amnistía y prefiere la reforma en el Código Penal del delito de sedición para rebajar las penas.

Los independentistas, en todo caso, arrojaron ayer una fotografía de unidad en Madrid, aunque siguen lejos de trabar un acuerdo de investidura para formar un Govern en Cataluña. JxCat ya advirtió desde el primer momento que pondría las cosas difíciles a Esquerra y está cumpliendo con ello: de momento, han optado por centrarse exclusivamente en cuestiones más propias del «procés» y están dando largas a las cuestiones de carácter social y económico, muy importantes por la pandemia y a las que Esquerra y la CUP han puesto en el centro. De hecho, ambas formaciones han tratado de abordar ya estos asuntos, pero se encuentran constantemente con que el partido de Carles Puigdemont prefiere tratar primero temas como la reforma del reglamento del Parlament para blindar a Laura Borràs ante una posible inhabilitación.

Borràs, ahora presidenta del Parlament, se halla investigada judicialmente por la presunta adjudicación a dedo de contratos públicos cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas y podría darse la situación de que fuera condenada durante esta legislatura. En este marco, JxCat pretende impulsar una reforma del reglamento de la cámara catalana para solo suspender a diputados una vez sean condenados por sentencia firme. La causa de Borràs ahora pasará previsiblemente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y admitiría recurso ante el Supremo si hay condena.

En paralelo al enredo político catalán, la portavoz de la Generalitat (JxCat), Meritxell Budó, puso la mirada en España y, paradójicamente, reclamó «responsabilidad» a los partidos de ámbito nacional. «Lo que estamos viendo estos días nos preocupa como Govern», aseguró ayer Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern.