Las multas de los primeros meses de la pandemia podrían quedar anuladas

La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra impusieron unas 50.000 sanciones en Barcelona entre marzo y mayo de 2020

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, frente a jóvenes en ambiente festivo, a 22 de mayo de 2021, en Barcelona. orena Sopêna /Europa Press
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, frente a jóvenes en ambiente festivo, a 22 de mayo de 2021, en Barcelona. orena Sopêna /Europa PressLorena Sopêna Europa Press

La declaración de inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno en el primer estado de alarma, según propone el ponente el Tribunal Constitucional, conllevaría la nulidad de las multas impuestas por saltarse el encierro y el archivo de las mismas, ha avanzado “El Español”.

Unas 50.000 multas se interpusieron en Barcelona durante el primer estado de alarma por la crisis del covid, entre los meses de marzo y mayo de 2020. En concreto, 49.000 sanciones (30.000 de la Guardia Urbana y el resto de Mossos d’Esquadra) que ahora podrían ser anuladas si el Tribunal Constitucional avala que el confinamiento domiciliario fue inconstitucional.

Tal y como ha avanzado el citado diario digital, si el tribunal asume el proyecto de sentencia del magistrado Pedro Trevijano, que considera que con el cierre domiciliario se vulneraron derechos fundamentales y no únicamente limitaciones, las multas que se interpusieron en toda España en ese periodo quedarán suspendidas.

El proyecto de sentencia que muy probablemente aprobará el Tribunal Constitucional obedece a un recurso presentado por Vox y estima que el artículo 7 del decreto sobre el estado de alarma es inconstitucional porque la suspensión de derechos –en ese caso la libre circulación de personas– tuvo que ser acordada en el Congreso de los Diputados, y no ser aprobada por el Gobierno tal y como ocurrió. Si ese artículo es inconstitucional también lo serán todas las multas que se pusieron a razón del mismo.

La mayoría de magistrados conservadores del pleno del Tribunal Constitucional, a la que pertenece el mismo Trevijano, permitirá tirar para adelante la propuesta. De este modo, las multas quedarán eliminadas al instante por el carácter retroactivo de la norma sancionadora. Las cerca de 50.000 denuncian en Barcelona quedarán suspendidas. En Cataluña el total se eleva a más de 170.000, y en toda España son 1,1 millones. Además, cabe recordar que 9.000 personas fueron detenidas en todo el estado español durante los meses del confinamiento.

Desde que comenzó la pandemia y sus restricciones, al Ayuntamiento de Barcelona le constaban en marzo 88.368 denuncias por incumplir las medidas impuestas. Aunque la mayoría son de la Guardia Urbana, dentro de este volumen también hay unas 12.000 hechas por los Mossos y cuya tramitación también ha asumido la Casa Gran. Sanciones que el Consistorio espera tener al día en dos o tres meses (sigue habiendo pandemia, restricciones y también multas), pero que no caerán en el olvido. Por lo pronto ya se han cobrado 4.200 por un importe de un millón de euros y tan solo en el último mes se han notificado o están en proceso 18.587. A partir de ahora, llegarán el resto, a ritmo generoso, después de haber adaptado los sistemas a las nuevas necesidades.

“En una inmensa mayoría la ciudadanía se ha comportado de manera ejemplar, pero una mínima parte no y se le ha tenido que sancionar”, apuntó el gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica, Albert Dalmau. “Y lo que no puede pasar es que pongas una sanción y que esta no se pueda cobrar”, añade este responsable municipal sobre una gestión de unas nuevas sanciones que ha implicado a diferentes departamentos y al frente de la cual ha estado otra gerente, la de Seguridad y Prevención, Maite Casado. “Hemos tenido que cambiar los sistemas informáticos, nos hemos tenido que adaptar a una situación nueva”, añade la número dos del teniente de alcalde Albert Batlle.

La denuncia más habitual, de 100 euros sin contar bonificación, es por no llevar o hacer mal uso de la mascarilla

En este sentido, de las 30.647 sanciones que la Guardia Urbana puso durante el primer estado de alarma, el del año pasado, entre marzo y finales de mayo aproximadamente, unas 514 se tramitaron como un incumplimiento de la ley de Seguridad Ciudadana. “Estas las comenzamos a tramitar ya en verano”, señala Maite Casado. El resto se gestionaron bajo el paraguas de la ley de Salud Pública.