Exigencias
ERC lanza el primer aviso a Sánchez con los presupuestos
Los republicanos exigen cumplir con las cuentas de 2021 para negociar las de 2022
Esquerra ha lanzado ya el primer aviso a Pedro Sánchez de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Los republicanos solo iniciarán una negociación si el Gobierno cumple con los compromisos pactados en las cuentas de 2021, también aprobadas gracias a la formación de Oriol Junqueras y Pere Aragonès. De entrada, solicitan que, cuanto antes, se celebre una reunión de la comisión de seguimiento sobre la ejecución de los presupuestos de 2021 y, a partir de ahí, valorarán qué hacer.
No obstante, a pesar de estos primeros avisos, de momento, en Esquerra siempre se han mostrado bastante favorables a negociar con el Gobierno los presupuestos ya que entienden que pueden hallar una buena oportunidad para beneficiar económica y socialmente a Cataluña, además de que el contexto político invita a hacerlo: Sánchez ha cumplido con los indultos y ha suavizado el clima político. En este sentido, ya el año pasado, exhibieron el pacto sobre las cuentas de 2021 como un triunfo que reportaría ventajas a la autonomía: entre los principales puntos que reivindicaron, estuvo que se recibirían 2.300 millones de euros en inversiones directas, cuantía que, según defendió Aragonès en su momento, era la mayor destinada en este siglo para la autonomía y suponía una cantidad superior a lo que representa Cataluña en porcentaje de PIB en toda España.
Además del dinero, ese acuerdo de presupuestos ya incorporaba otras cuestiones candentes que volverán a abordarse en las próximas semanas entre la Generalitat y el Gobierno. Entre ellas, están la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, dinero para la Ley de dependencia y las becas educativas y, sobre todo, los fondos europeos. De momento, el plan de recuperación europeo es una incógnita en qué puede traducirse, aunque las aspiraciones de la Generalitat son muy elevadas ya que ha presentado proyectos por valor de 30.000 millones de euros –casi un 10% del total, que son 140.000 millones–.
El Gobierno ha cumplido ya en otras materias de ese acuerdo presupuestario. Algunas son delicadas por el «procés», como, por ejemplo, poner fin al control financiero al que ha estado sometido en los últimos cinco años la Generalitat para evitar desvío de dinero a su proyecto rupturista. Otro de los temas que también ha empezado a tratar la Moncloa, aunque, de momento, de forma más retórica y sin entrar demasiado al fondo del asunto, es la campaña contra el «dumping fiscal» de la Comunidad de Madrid. En este punto, el pacto incluía un grupo de trabajos con expertos para valorar cómo acabar con la «competencia desleal» en materia tributaria, señalando principalmente el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
En cualquier caso, más allá de los cumplimientos o incumplimientos y la relación entre Esquerra y el Gobierno, también condicionará mucho las negociaciones el contexto político. Y, en esta ocasión, todo apunta a que Esquerra tendrá un entorno más propicio porque no hay elecciones en un horizonte inmediato y ostenta el poder de la Generalitat, lo que frenará en buena medida los efectos de las habituales presiones que intentan ejercer en JxCat. Lo cierto es que los republicanos tienen intención de incorporar a los posconvergentes a las negociaciones con el Gobierno y han amagado con consensuar una posición común para la votación de los presupuestos. En el partido de Carles Puigdemont consideran que ahora es buen momento para poner las cosas complicadas a Sánchez y hacer exigencias porque el Gobierno atraviesa por una fase de «debilidad parlamentaria».
No obstante, los indultos recientemente aprobados por el Gobierno han allanado mucho el camino para el acuerdo presupuestario. También la reactivación de la mesa de diálogo para septiembre. en la antesala del inicio de la tramitación de las cuentas, contribuirá a favorecer un clima de entendimiento en este asunto. En buena medida, ambas cuestiones ayudarán a desactivar el argumentario de JxCat, que ha criticado al Gobierno de PSOE y Podemos por su «inmovilidad» con la crisis política catalana, cuando los hechos lo desmienten.
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