El Gobierno culpa a los bajos impuestos de Madrid de la despoblación rural

El supuesto “dumping” fiscal que practica Madrid contra otras comunidades, según el Gobierno, es uno de los factores causantes de la despoblación rural. Así lo afirma el documento “España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, que hoy presenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que culpa a las diferencias fiscales entre las comunidades autónomos de acentuar el reparto desigual de la población en el territorio, junto con la “complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada”.

Atracción de los recursos a la capital

El documento, que según el Gobierno “se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política”, señala directamente a los impuestos como una de las causas de la despoblación rural. En la página 249 dice que las diferencias fiscales habrían “influenciado en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas”.

Aunque no apunta directamente a ninguna comunidad autónoma, desde el PSOE han acusado en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid por “dumping” fiscal con los impuestos bajos, ya que tiene bonificados al 99% los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio y también ha bajado en alguna ocasión el tramo autonómico del IRPF. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,ha denunciado en numerosas ocasiones que Madrid practica una competencia desleal contra otras comunidades atrayendo a la capital los recursos y actividades de otros territorios, lo que fomenta las desigualdades territoriales y compromete la prestación de servicios sociales de muchas comunidades.

Análisis “desenfocado y erróneo”

El consejero de Vivienda y Administración Local en funciones de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha señalado que las afirmaciones hechas por Ejecutivo central en las que ha achacado que el fenómeno de la despoblación se debe a las diferencias fiscales entre comunidades, con Madrid como región señalada, “rozan ya el delirio y la fijación absoluta contra la Comunidad de Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso”.

Pérez ha recordado que el proceso de la despoblación es un fenómeno que lleva en marcha más de un siglo como consecuencia del éxodo rural iniciado a finales del siglo XIX y consolidado a lo largo de todo el siglo XX. “El análisis que vincula que la bajada de impuestos aumenta el riesgo de despoblación no puede estar más desenfocado ni ser más erróneo”, añade en este sentido.

“Precisamente una menor presión fiscal, dotar de incentivos a autónomos y emprendedores, y fortalecer la digitalización, lo que permite la deslocalización y el emprendimiento, tal y como la que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid, mediante la instalación de la banda ancha en todos los municipios de la región en riesgos de despoblación, son algunas de las recetas que hay que aplicar”, considera David Pérez. El caso de la Comunidad de Madrid da la vuelta a la afirmación del estudio, y es que con estos mecanismo, implementando programas de reequilibrio territorial y con los cambios de hábitos que ha traído la Covid-19, casi 70 municipios de la región de Madrid han incrementado a lo largo del último año sus censos de población.

Madrid, en el punto de mira

La guerra abierta contra la fiscalidad madrileña también quedó patente al anunciar reforma fiscal que el Gobierno pondrá en marcha en 2022. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la reforma tratará de evitar que «se dejen vacías de contenido a algunas figuras fiscales», en alusión a Madrid y su bonificación de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Por ello, contempla el alza de los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, que ahora dependen de las comunidades autónomas.

La famosa armonización fiscal autonómica que propone Montero tiene a Madrid en el punto de mira, y este documento es un argumento más para respaldar su postura. No obstante, el Ejecutivo afirma que este texto es “una primera propuesta que tendrá que ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participarán los principales actores sociales de nuestro país”.

2050: el 88% de la población vivirá en ciudades

El texto precisa que en la actualidad el 80% de la población española vive en ciudades y advierte de que si no se pone remedio, se estima que, en 2050, lo haga el 88% de los ciudadanos y la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes. Esta tendencia se remonta al último siglo, en el que la población que vive en ciudades se ha más que duplicado, pasando de representar el 32% del total en 1900 al 80% en 2020.

Aunque el documento reconoce que este crecimiento ha tenido efectos muy positivos para la economía y sociedad del país, afirma que “si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial”. En concreto, en la actualidad la mitad de los municipios rurales de España ya se encuentran en riesgo de despoblación.

¿La culpa? De la fiscalidad y la pluralidad legislativa

En cuanto las causas que contribuyen a este despoblamiento rural, el texto cree la pluralidad legislativa “habría limitado la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la distribución de la población en el territorio”. Además, apuntan que varias comunidades autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guía estratégica dentro de la propia región y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar de que cerca del 70% de los municipios dispone de un Plan General, el tiempo que requiere su modificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido.

A todo lo anterior se añade, por último, el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el ámbito del área metropolitana y provincial.