Escapada de Aragonès: exige la gestión del aeropuerto de El Prat

La suspensión de la ampliación del Aeropuerto de El Prat ha tenido muchas derivadas políticas y económicas: ha enfrentado a Gobierno y Generalitat, pero también a Esquerra y JxCat; ha dejado en el aire una inversión por valor de 1.700 millones de euros y 83.000 empleos directos; y, de momento, está dejando a un señalado por encima del resto: Pere Aragonès. Desbordado por la situación, el presidente de la Generalitat ha salido este jueves a defenderse y ha cargado contra el Gobierno toda la responsabilidad de la paralización de la ampliación aeroportuaria y ha reclamado las competencias para gestionar todos los aeropuertos catalanes.

Una huida hacia adelante para tratar de salir indemne ante la opinión pública después de recibir un reguero de reproches: tanto del Gobierno como de su propio partido, los socios de Govern (JxCat) o los empresarios. Lo cierto es que el proyecto no es para menos: hay mucho dinero en juego y tiene un efecto tractor de dimensiones colosales (se estima que el PIB de Cataluña aumentaría en dos puntos).

Pero más allá de esa exigencia y de alzar el tono, Aragonès también ha tratado de blindar su relación con el Gobierno: por un lado, ha mantenido su apuesta por celebrar la reunión de la mesa de diálogo la semana que viene (aunque sigue sin quedar atada y crecen las dudas); y, por otro lado, ha querido desligar todo este tropiezo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, quiere mantener la interlocución con el Gobierno a pesar de sus ataques: ha acusado a la Moncloa de urdir una «operación de chantaje» con el proyecto del aeropuerto y señaló «falta de voluntad de diálogo». «Mezclar carpetas es un error. Ahora no entraremos en dinámicas de chantaje», ha afirmado el president, en una comparecencia de urgencia en el Palau de la Generalitat.

En todo caso, Aragonès tampoco va a mostrar mucha voluntad por reconducir la situación. En la Generalitat descartan descolgar el teléfono para llamar al Gobierno. En la sala de máquinas de la presidencia del Govern desconfían profundamente de Moncloa ya que sospechan que todo forma parte de un farol: realmente, según creen, el Estado no tiene voluntad de hacer la inversión en Cataluña y han usado la excusa de la división interna en el Govern para evitar ejecutar el plan.

El Gobierno aduce la división del Govern como la principal causa para frenar la ampliación del aeropuerto. En el ministerio de Transportes sostienen que sin el apoyo del territorio (en este caso, de la Generalitat) no tendrían capacidad para materializar el proyecto porque, entre otras cosas, necesitan de la conselleria de Cambio Climático para que la Comisión Europea apruebe el plan, que debe autorizar también la ampliación del aeropuerto al tener afectación sobre un espacio natural protegido (La Ricarda).

Lo cierto es que esa falta de voluntad de Aragonès por tratar de reconducir esta situación (aunque en público sí diga que El Prat se tiene que ampliar para convertirlo en un «hub» que acoja vuelos intercontinentales con Asia, América y África) es porque también es una cuestión delicada para su partido. Esquerra anda muy dividida porque hay sectores que rechazan la ampliación de la infraestructura si tiene afectación sobre La Ricarda (que es el plan de Aena, empresa participada por el Estado con un 51% y encargada de la gestión de los aeropuertos españoles) y, de hecho, hay consellers que tienen intención de acudir a una manifestación convocada para el 19 de septiembre; pero también hay voces importantes que critican la gestión de Aragonès porque la operación aeroportuaria no haya fructificado.

El vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de JxCat, Jordi Puigneró, que es quien ha liderado el pacto con el Gobierno, se ha mostrado muy crítico con Aragonès porque considera que las voces críticas de los consellers de Esquerra han dinamitado la ampliación de El Prat. Además, también se ha enterado por la espalda de que hay sectores del Govern (vinculados a Esquerra) que han estado tratando de modificar el acuerdo que había alcanzado el 2 de agosto con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.