Roger Torrent: “Los abogados no recomendaron parar resoluciones independentistas en el Parlament”

El calendario ha llevado a Roger Torrent, ex presidente del Parlament y actual miembro del gabinete de Pere Aragonès, a tener que personarse ante ante la justicia y declarar por presunta desobediencia al Constitucional al autorizar la tramitación de dos resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía, y a sentarse después en la mesa de diálogo con el Gobierno. Pocas horas antes de participar en el foro en representación de ERC, el actual conseller de Empresa y Trabajo ha admitido ante en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que los letrados de la Cámara le advirtieron sobre los textos que el independentismo impulsó, aunque ha defendido que no recomendaron a la Mesa parar la tramitación de las resoluciones. En cambio, Josep Costa, exvicepresidente de la cámara y diputado de JxCat, ha plantado al tribunal y no ha acudido.

“Los servicios jurídicos nos hacían notar la existencia de las resoluciones del TC pero a la vez las tachaban de vagas, y en ningún momento recomendaban la paralización”, ha dicho Roger Torrent en una comparecencia ante los medios una vez terminada su declaración en el tribunal, que apenas se ha alargado unos minutos. De hecho, Torrent solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha rechazado contestar a la jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret, instructora de la causa.

En esta causa, el alto tribunal investiga a los exmiembros independentistas de la Mesa del Parlament por presuntamente desobedecer al Constitucional al tramitar dos propuestas de resolución relacionadas con el “procés”, en concreto una contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación y otra que “reiteraba la reprobación” de la cámara catalana al Rey.

Según Torrent, “no hay ninguna resolución del TC que prohíba los debates parlamentarios” y ha mantenido que la Mesa de la Cámara debe garantizar el debate parlamentario, un argumento que ha esgrimido para justificar la tramitación de las resoluciones independentistas en la pasada legislatura. De hecho, el dirigente ha centrado su declaración en el deber de la Mesa de proteger la libertad de expresión y los derechos de los diputados, y ha lamentado que “si se censuran los temas sobre los que se puede debatir o no, al final se están limitando los derechos de los catalanes”.

Además, ha sostenido que “lo que ha hecho la Mesa del Parlament, tanto en la época de Carme Forcadell como la legislatura pasada, ha sido siempre velar por la libertad de expresión de los diputados”, y ha avisado de que una eventual condena supondría un precedente nefasto desde el punto de vista democrático y una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria. Torrent y los demás miembros de la Mesa se enfrentan a posibles penas de inhabilitación y multas.

En el mismo sentido, fuentes jurídicas han explicado que Torrent ha planteado al tribunal que condenarle supondría un “efecto disuasorio del debate” y ha asegurado que los letrados del Parlament señalaron que las advertencias del TC eran desproporcionadas.

Torrent ha entrado acompañado de equipo de abogados y hasta las puertas del Palacio de Justicia una cincuentena de personas que han protestado contra el procedimiento, entre ellas miembros de ERC y Junts, y la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Plantón de Costa

Torrent estaba citado a declarar como investigado a las 9.30 horas y durante el día también comparecen ante la jueza instructora la exsecretaria cuarta de la Cámara Adriana Delgado; el exsecretario primero Eusebi Campdepadrós. No lo ha hecho el citado exvicepresidente Josep Costa, quien ha anunciado a través de un mensaje en las redes que no ha acudido esta tarde a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo investiga por desobediencia, porque no “reconoce” su “autoridad” para “juzgar los acuerdos y debates” de la cámara.

Así lo ha señalado en un vídeo que ha colgado en su perfil de Twitter, después de que esta mañana el conseller de Empresa y expresidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent (ERC), haya comparecido ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que lo investiga por presunta desobediencia al Constitucional por haber tramitado en noviembre de 2019 resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

“No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes”, ha señalado Costa.

Querella de la Fiscalía

Esta causa parte de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista: una reivindicaba la autodeterminación y otra en contra de la Monarquía. La Fiscalía interpretó que los cuatro miembros de la Mesa desobedecieron las advertencias del Tribunal Constitucional al permitir el debate sobre dos resoluciones que habían sido prohibidas.

La magistrada María Eugènia Alegret se encarga de la instrucción, derivada al TSJC. Hay que tener en cuenta que el ministerio público interpuso la querella ante el TSJC ya que tanto Torrent como Campdepadrós volvieron a ser elegidos diputados del Parlament en las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados.

En su escrito, los fiscales resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional notificó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les informaba personalmente “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria” que supusiera “ignorar o eludir” la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.

Pese a ello, según la Fiscalía, Torrent, el entonces vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa y el entonces secretario primero Eusebi Campdepadrós tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba “tantas veces como lo quieran los diputados (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”. Esa misma resolución también incluía en otro apartado un punto en que se exponía que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la Monarquía”.

La querella de la Fiscalía incluye además la tramitación por parte de la Mesa, en este caso también por parte de la secretaria cuarta Adriana Delgado, de otra resolución, también en octubre de 2019, en este caso promovida únicamente por la CUP, en que el Parlament expresaba su voluntad de “ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”.