El juez deja en libertad a Puigdemont y le cita el 4 de octubre en Cerdeña para la extradición

El expresident, pendiente de abandonar la cárcel sin medidas cautelares, finalmente podrá abandonar la isla italiana a la espera de que el Tribunal de Apelación de Sassari decida

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El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha decidido dejar en libertad al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que fue detenido este jueves por la noche al llegar en avión al aeropuerto de Alger. Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que debería permanecer en la isla hasta que el juez decida sobre la euroorden del Supremo, finalmente podrá abandonarla, según ha explicado su jefe de oficina Josep Lluís Alay, a las puertas del centro penitenciario.

El juez ha considerado que su arresto ayer en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares después de que la Fiscalía no las solicitase y sin la imposición de permanecer en Cerdeña. Mañana deberá volver a declarar y tendrá libertad de movimientos.

Puigdemont, que intervino en la vista telemáticamente y sobre el que pesa una la orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo por un delito de sedición y malversación, abandonará en las próximas horas -previsiblemente esta misma tarde- la prisión de alta seguridad de Sassari en la que se encuentra encarcelado.

El expresident, detenido la noche del jueves en el aeropuerto de Cerdeña, estaba a la espera de pasar a disposición judicial ante el juez de la Corte de Apelación de Sàssari desde la cárcel de Bancali. La declaración por videoconferencia estaba prevista entre las 14:00 y las 15:00 horas, según ha confirmado el entorno del expresident, aunque la defensa había solicitado aplazarla.

El proceso judicial que se abre a partir de ahora se puede alargar durante 60 días (es decir, hasta finales de noviembre). No obstante, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, prevé una resolución “rápida” porque ya hay un largo recorrido jurídico hecho a lo largo de tres años, con resoluciones que amparan al expresident. En este sentido, hace referencia tanto a los pleitos en Bélgica como en Alemania (que han tumbado la extradición hasta ahora) como la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que interpretaba que la euroorden dictada por España estaba suspendida.

En el mismo sentido se ha pronunciado su abogado en Italia, Agostino Angelo Marras, frente al Tribunal de Apelación de Sassari en declaraciones a los medios italianos: “Lo he encontrado bien y con confianza de que la situación pueda ser resuelta lo antes posible. Espera poder salir en libertad, confiamos en que pueda ser hoy”.

La resolución del TGUE se ha convertido en la fuente del conflicto. Y es que se dan hasta tres versiones: el Tribunal Supremo afirma que siempre mantuvo vigentes las ordenes de detención; la defensa de Puigdemont sostiene que España informó al Tribunal General que ningún país ejecutaría una orden de estas características, si bien no se dieron garantías de ello porque el Supremo jamás dictó un escrito retirando las órdenes de detención; y, el auto del TGUE retiró la inmunidad cautelarmente a Puigdemont alegando que no corría riesgo de ser detenido porque España indicó que “la ejecución de las euroórdenes” había quedado “suspendida” hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera la cuestión prejudicial (consultas emitidas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, después de que Bélgica tumbara la extradición del exconseller Lluís Puig para conocer los criterios para que las euroórdenes sean efectivas).

En este marco, el abogado de Puigdemont prevé acudir de nuevo ante el TGUE para que le devuelva la inmunidad parlamentaria (protección que tienen los diputados para evitar ser detenidos) para que sea liberado. En este sentido, en las próximas 24-72 horas tiene previsto pedir estas medidas cautelarísimas y, una vez se active esto, el proceso abierto en Italia quedaría paralizado y a la espera de que ese mismo tribunal se pronuncie aún sobre la cuestión de fondo.

“Pese a la desestimación de la demanda de medidas provisionales, los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro”, recogió el TGUE en su resolución dictada el 30 de julio.