La Fiscalía pide el regreso de Sandro Rosell a la cárcel

La Fiscalía de Barcelona ha pedido condenar al ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell a dos años y nueve meses de prisión por un presunto delito contra Hacienda en 2012, con un total de 230.291 euros.

Rosell, que fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, está acusado ahora de defraudar 230.591 euros a Hacienda, mientras dirigía el club azulgrana. El fiscal solicita además que se imponga a Rosell una multa de 300.000 euros.

El escrito de acusación señala que Rosell desarrolló el grueso de su actividad profesional a través de una empresa llamada TOC que, en realidad, “carecía de estructura empresarial” para prestar los servicios. En 2012, según ha constatado la fiscalía, constaban como trabajadores cinco personas que realizaban labores de mantenimiento y limpieza en las oficinas y en una masía que es la segunda residencia de Rosell. El expresidente del Barça “se sirvió” de TOC para “obtener rentas que no declaró” en el IRPF. La empresa facturaba a clientes que, en realidad, recibían servicios del propio Rosell.

Según el relato de la fiscalía, Rosell dedujo como gastos más de 48.000 euros en facturas emitidas por la consultora KMPG por el asesoramiento sobre cuestiones de fiscalidad internacional, que no tenían relación con la actividad económica de la empresa. También se dedujo otros 1.500 euros de pagos con una tarjeta de crédito y que el fiscal de delitos económicos Pedro Castro tampoco considera justificados.

En junio de 2019, Rosell ingresó en las arcas públicas la cuota defraudada (los 230.591 euros) más los intereses, de ahí que la fiscalía aprecie la atenuante de reparación del daño y haya rebajado la petición de pena.

En 2012, esa empresa pagó a cinco trabajadores, cuatro de ellos dedicados trabajos de limpieza y mantenimiento en casa de Rosell y en su segunda residencia, con un solo empleado encargado de las funciones administrativas, mientras que “ni el acusado ni la referida sociedad tributaron por la prestación de servicios que constituyó la base de su actividad”.

El fiscal cree que Rosell aprovechó su control sobre la empresa para obtener rentas que no declaró en su declaración de IRPF y que eran “rentas derivadas de su personal actividad profesional, limitándose TOC a subarrendar oficinas en el inmueble que tenía arrendado el acusado”.

Para hacerlo, el fiscal mantiene que TOC SLU emitió y cobró facturación por 352.382 euros a clientes que en realidad eran de Rosell directamente, lo que “ocultaba” la retribución a él.

“En esa misma línea de ocultar las verdaderas cifras derivadas de su renta, declaró, en el citado ejercicio, una pérdida patrimonial de 21.016,11 euros como consecuencia de una supuesta venta” de inmuebles que había adquirido en 2009, pero según la Fiscalía no fue una compra real sino una opción a compra.

El fiscal también detalla que Rosell no declaró las rentas de un inmueble que tenía en Girona, y calcula que en total ha defraudado 230.591 euros que debería haber pagado a Hacienda.

Por lo tanto, el Ministerio Público pide al juez que condene a Rosell a dos años y nueve meses de cárcel y que además le multe con 300.000 euros y le retire la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas ni de tener beneficios o incentivos fiscales durante tres años.

Rosell fue detenido en mayo de 2017 y permaneció 21 meses en prisión preventiva acusado de ayudar a blanquear comisiones por la retransmisión de partidos de la selección brasileña de fútbol y por el contrato de esponsorización con Nike. La fiscalía pidió inicialmente seis años de cárcel, pero en el juicio rebajó la pena a los seis años. La Audiencia Nacional, sin embargo, concluyó que los delitos no habían sido probados y le absolvió.