Casi mil personas viven en situación de infravivienda en Barcelona

El incendio que acabó ayer con la vida de una familia en la plaza Tetuán ha vuelto a poner de manifiesto, una vez más, la precaria situación en la que vive mucha gente en cualquier ciudad de España. Durante un tiempo todo el mundo se pondrá las manos en la cabeza y los propósitos de enmienda se sucederán, pero lo cierto es que está situación se repite con demasiada frecuencia. Ocurrió hace dos años en una nave abandonada de Badalona, ocurrió en un local de la Barceloneta en el que se cargaban patinetes eléctricos de forma cuanto menos sospechosa el año pasado, o el incendio de una chabola en la calle Bilbao que terminó con la muerte de cuatro personas en 2012. Pero la muestra de que esta situación puede repetirse es que, solo en Barcelona, 865 personas habitan en lo que se conoce como infraviviendas, como la sucursal bancaria siniestrada.

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes, ha explicado que en Barcelona tienen detectados 86 asentamientos en los que viven 384 personas, de las que 53 son menores de edad. Además, hay 105 locales ocupados en los que viven 481 personas, de las que 156 son menores de edad. Por tanto, en Barcelona, actualmente hay un total de 865 personas que viven en infraviviendas. Según Fuertes, “la dinámica ha cambiado” y la ocupación de locales gana terreno a los asentamientos. Sin embargo, ha dicho que las cifras se mantienen estables en los últimos dos años.

La Guardia Urbana de Barcelona y los servicios técnicos del distrito del Eixample inspeccionaron el 18 de octubre el local incendiado en la plaza de Tetuán. La teniente de alcalde ha dicho que se analizó la estructura del edificio y se concluyó que no había riesgo inminente para los ocupantes para realizar un desalojo inmediato. “Si se hubiera detectado riesgo inminente se habría actuado inmediatamente”, ha dicho Pérez, quien ha detallado que este año se han realojado a 65 familias.

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, ha pedido abordar el acceso a una vivienda digna por parte de todas las administraciones, también en el Estado, ya que las personas sin papeles no pueden optar a un piso social de la Mesa de Emergencia. “Una situación de irregularidad administrativa te deja fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda”, ha recordado la comisionada.

Para Laura Pérez, la tragedia ha evidenciado “un caso muy claro de pobreza” y ha denunciado que la situación administrativa de la familia, sin NIE, les excluía de prestaciones del Estado o la Generalitat. Además, la situación irregular tampoco les permitía entrar en la lista de espera de la Mesa de Emergencia para una vivienda social (el Ayuntamiento sólo puede derivar las familias sin papeles desahuciadas). Por eso, ha insistido en la reforma de la ley de extranjería porque “estas personas no quieren vivir de ayudas, quieren trabajar”.