Piden a la Fiscalía que frene una encuesta de la Generalitat a menores sobre el uso del castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha vuelto a mover ficha ante las reiteradas polémicas por la política lingüística del Govern y ha denunciado ante la Fiscalía una encuesta elaborada por el Síndic de Greuges -el equivalente al defensor del pueblo catalán- en colaboración con el departamento de Educación para realizar a los escolares de hasta 3.000 centros con el fin de fiscalizar el uso del castellano sin el permiso necesario de las familias.

Un sondeo que la entidad reclama impedir por la vía judicial ya que “puede constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho”.

La polémica surgió la semana pasada coincidiendo con el aval del Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordena impartir un 25% de castellano en todo el sistema educativo catalán. En este marco se conoció un sondeo de la Generalitat y el citado Síndic de Greuges, que trasladaron a los colegios e les instaron a realizar entre sus alumnos de quinto de Primaria (10-11 años) y tercero de la ESO (14-15 años) para conocer el uso del catalán y el castellano en las aulas, en las familias y también entre el profesorado.

Y es que al margen de una batería de preguntas personales -¿Cuál es tu lengua?¿Qué lengua hablaste primero en casa? ¿Cuál es la lengua que hablas con tu padre y/o con tu madre? o ¿Cuál es la lengua que utilizas habitualmente?- el sondeo también pregunta sobre el idioma que utilizan los docentes del centro asignatura por asignatura. Es más, pide a los menores que digan si en la materia se usa solo el catalán, más el catalán que el castellano, ambas lenguas por igual, más castellano que el catalán, solo el castellano o inglés u otras lenguas.

Para la AEB, esta encuesta “carece de utilidad formativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998) y recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos”.

Además, asegura que “se pretende llevar a cabo sin autorización del tutor legal y se pide a los alumnos fiscalizar la lengua usada por los profesores”.

“Se trata de una actuación que no responde al interés superior del menor y que carga a éste con una tarea que no es útil para su formación, aprovechando la situación de subordinación del menor en el entorno escolar para conseguir que facilite información de naturaleza íntima y familiar sin el necesario consentimiento de sus representantes legales”, alega la presidenta de la AEB, Ana Losada, en el escrito presentado a la Fiscalía.

La entidad también ha presentado una denuncia por la misma encuesta ante el Defensor del Pueblo y ante la Alta Inspección Educativa del Ministerio de Educación.