Ofensiva

El Govern no se conforma con TV3: busca más catalán en la televisión

La Generalitat ha situado la protección de la lengua como eje de la legislatura y trata de expandir su uso en el ámbito audiovisual y educativo

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.Alejandro GarciaAgencia EFE

El catalán se ha convertido prácticamente en el nuevo eje de la legislatura para el Govern de Pere Aragonès (más allá de la voluntad por imprimir un giro y atender cuestiones sociales y económicas) y una potencial fuente de tensiones entre Generalitat y Estado. Con la excepción ahora de la crisis por el espionaje y de los problemas con la Justicia que siguen teniendo algunos dirigentes separatistas (Carles Puigdemont), la lengua ha desbancado de la agenda independentista el “procés” y se está erigiendo en una de las amenazas para las relaciones entre gobiernos. De momento, Moncloa está gestionando con mucho mimo la sentencia del 25% de castellano para que tenga una aplicación flexible y ha optado por una salida acordada con ERC y JxCat, pero el independentismo quiere más y también pone el foco en todo el ámbito audiovisual, muy importante para el catalán.

De hecho, el despliegue de los medios públicos catalanes, junto a la adopción del sistema de inmersión lingüística en los años 80, se convirtieron con la llegada de la democracia en los dos principales iconos de las políticas públicas a favor del catalán por parte de la Generalitat liderada por Jordi Pujol. Y, en este sentido, el Govern, que anda a vueltas porque sus encuestas indican que el catalán se habla cada vez menos, también señala al ámbito audiovisual como flanco a atender, además de la escuela. Un informe elaborado por el Institut d’Estudis d’Autogovern de la Generalitat al que ha tenido acceso este diario, lo remarca: “Hay que señalar que ahora mismo, la presencia del catalán y el aranés en el ámbito audiovisual no logra un nivel que pueda calificarse de satisfactorio, lo que afecta al uso social de estas lenguas, su aprendizaje y la evolución de sus registros lingüísticos”, señala.

El informe, titulado “El margen que dispone la Generalitat para establecer una política propia en materia audiovisual”, reconoce que la Generalitat sí ha tenido un “margen considerable” para llevar a cabo políticas propias para proteger el catalán en los medios audiovisuales competencia del Govern, pero también lanza una crítica directa al conjunto de normas del Estado y de la Generalitat, que “no ha sido suficientemente determinante” para garantizar una “presencia suficiente y razonable” del catalán en los servicios de comunicación audiovisual que se difunden en Cataluña, pero tienen sede en otros lugares de España o del extranjero.

El propio informe señala que la presencia del catalán “no está suficientemente protegida” en los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal, cuya emisión se recibe en toda Cataluña, sino “que se considera una cuestión especialmente circunscrita a los servicios audiovisuales de ámbito catalán”. Lo cierto es que este estudio, liderado por el jurista e histórico dirigente de Esquerra, Joan Ridao, trata de acompañar y dar apoyo jurídico a la elaboración de la nueva Ley de Audiovisual que está impulsando la Generalitat, que tiene previsto presentar a lo largo de esta próximo semana.

La nueva norma, que actualiza la ya existente desde 2005, busca obligar introducir más catalán en las televisiones y plataformas jurídicas. Este informe también entra a hacer una valoración positiva del anteproyecto de Ley: considera que es una propuesta “ambiciosa” porque intenta “desplegar al máximo las competencias que corresponden a la Generalitat en materia audiovisual” y considera que las medidas sobre el catalán pueden ser un “buen instrumento para reforzar su presencia” en el ámbito audiovisual, aunque también precisa que habrá que esperar a que el Estado asuma la defensa del “plurilingüismo”.

Asimismo, el informe también valora que el texto establece “mecanismos para que la Generalitat pueda ejercer las competencias respecto a los servicios de comunicación audiovisual que se difunden en Cataluña”. En el informe se expone que la Generalitat “no puede ser una espectadora pasiva de las diferentes formas de comunicación audiovisual que se difunden en Cataluña y que afectan a los ciudadanos catalanes”.