El artículo que puede fulminar de inmediato a Borràs del Parlament

“No daré pasos al lado, solo hacia adelante, porque el Estado quiere que los demos hacia atrás”. Son palabras de Laura Borràs esta semana desde la Universidad Catalana de Verano, en el sur de Francia, donde aprovechó una conferencia sobre el parlamentarismo para dejar claras sus intenciones: pese a estar suspendida de forma temporal, no piensa ni apartarse ni dimitir, por lo que nombrar a un relevo formal resulta imposible.

El hecho de que la posconvergente se negara a dar un paso al lado en la última Mesa de julio y los partidos -ERC, PSC y la CUP- aplicaran su suspensión automática a través del artículo 25.4 del reglamento ha abocado al Parlament a una situación insólita, con la republicana Alba Vergés (vicepresidenta) asumiendo sus funciones de forma interina a la espera de resolver el entuerto.

Sin embargo, ERC no quiere ni puede asumir este papel. Los republicanos repiten que el acuerdo de investidura con Junts pasa por ostentar la presidencia de la Generalitat y que la de la cámara recaiga en los posconvergentes, mientras que Vergés, candidata a la alcaldía en Igualada el año que viene, quiere centrar sus esfuerzos en las municipales.

Eso sí, el PSC presiona y apremia al partido de Aragonès para forzar un relevo definitivo dentro de la primera quincena de septiembre, un órdago que podría hacer estallar por los aires la frágil unidad del independentismo. Y aquí vuelve a entrar en juego el reglamento de la cámara catalana, en concreto el artículo 180 y que contempla la revocación de cargos.

“El procedimiento de revocación de los cargos elegidos o designados por el Parlamento, si así es establecido por ley y ésta no dispone ningún procedimiento específico, se inicia con una propuesta, firmada por tres grupos parlamentarios, que deben representar, como mínimo, la tercera parte de los miembros del Parlament. Esta propuesta debe ir acompañada de los motivos que la justifican y debe ser comunicada inmediatamente a los grupos parlamentarios ya la persona directamente afectada”, señala el articulado.

Por tanto, los socialistas necesitarían contar con el apoyo de dos partidos más para impulsar la revocación de Borràs en la Mesa -y así forzar su relevo definitivo- y luego sumar mayoría absoluta en el pleno. Es decir, para el primer paso no se necesitaría el concurso de ERC, aunque sí sería imprescindible para la votación definitiva.

Los republicanos de momento descartan el órdago y forzar la aplicación del 180, aunque apremian a Junts a resolver cuanto antes el entuerto para encarar el otoño con garantías. El objetivo de ERC es llegar a un acuerdo político con los posconvergentes para pactar el relevo, un extremo que la formación de Borràs de momento descarta.

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, criticó esta semana que se haya hecho “un uso sesgado” del Reglamento del Parlament para suspenderla como presidenta de la Cámara y ha culpado a los políticos de hacer de jueces, en sus palabras. Eso sí, obvió que el artículo 25.4, el de la suspensión automática en caso de juicio por corrupción, lo impulsó la CUP en 2017 y lo votaron tanto Esquerra como los posconvergentes, entonces en alianza en Junts pel Sí.

Sin embargo y pese al enroque público de la propia Borràs y de los principales cuadros de la formación, el caso provoca ciertas discrepancias internas, especialmente después de jalear a los manifestantes independentistas que boicotearon el acto homenaje del 17-A.