Conflicto
El TSJC rechaza parar las órdenes del Govern contra el 25% de castellano
Descarta adoptar medidas cautelares para garantizar “al menos una asignatura” en español a la espera del Constitucional
El curso 2022-23 arrancará en Cataluña el lunes con el catalán como única lengua vehicular en el sistema educativo tras el armazón jurídico levantado por la Generalitat para esquivar la sentencia del castellano en las aulas. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado paralizar las instrucciones mandadas por el Govern y que buscan expulsar el español de la enseñanza.
Es decir, la justicia descarta aplicar medidas cautelares para imponer el 25% a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. De hecho, la sección 5ª deniega ahora la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) –la entidad de referencia– aunque no entra a valorar el fondo del conflicto, en manos del TC.
A finales de julio, la AEB presentó un recurso al TSJC en el que solicitaba medidas cautelares ante el desacato de la Generalitat para que se aplicara «al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo» en castellano a partir de este próximo curso. Tanto el abogado de la Generalitat que presentó escrito el 11 de agosto como el fiscal que emitió un informe el 22 de agosto se posicionaron en contra de la adopción de la cautelar demandada.
En su auto con fecha del 26 de agosto, la Sala de Vacaciones del TSJC en funciones de guardia remarca que en el recurso donde se pide la medida evidencia que el objeto de la cautelar coincide con el objeto del recurso interpuesto por lo que adelantaría prácticamente la estimación íntegra del recurso, y ve «inadmisible» la falta de concreción de los perjuicios que se derivarían en el supuesto de que no se adoptara la medida cautelar. La AEB ya ha anunciado que recurrirá.
La aplicación del 25% sigue paralizada a la espera de que el TC evalúe la ley de usos lingüísticos –aprobada por el independentismo con el PSC y los Comunes en el Parlament– y el decreto del Govern de Pere Aragonès que esquivan de facto el castellano en las aulas.
En junio, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, firmó de su puño y letra y remitió a primera hora a todos los centros públicos y concertados un paquete de instrucciones para este septiembre. En una circular de cuatro páginas, Educación recopiló todo el armazón jurídico que la Generalitat ha tratado de levantar para esquivar la sentencia del castellano -la mencionada ley y el decreto que la Generalitat aprobó para hacer “inaplicable” el 25% y añadió un anexo con siete preguntas binarias, de sí o no.
El objetivo: mantener el catalán como única lengua vehicular, no aplicar la sentencia del 25% de castellano escudándose en el nuevo marco normativo e incluso abrir la puerta a retirar el porcentaje de español en aquellos centros que lo aplican de forma individualizada.
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