El castellano en las aulas: la batalla sin fin en Cataluña

Con el apoyo a la independencia bajo mínimos –el «no» a la secesión (52%) registra cifras históricas, mientras el «sí» (41%) continúa en caída libre– y los partidos embarcados en una lucha sin cuartel por la hegemonía del movimiento, el catalán se ha convertido en la nueva punta de lanza soberanista. Una batalla recrudecida a raíz de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC) que tumba el sistema monolingüe y fija un mínimo de dos asignaturas en castellano, el conocido 25%.

El Govern de Pere Aragonès se afanó pronto en levantar un auténtico armazón jurídico –con un decreto y una nueva ley de usos lingüísticos– para hacer «inaplicable» el 25% y no cumplir con la sentencia marco. Ahora, ambas normas están en manos del Constitucional, que debe resolver qué hacer mientras la Generalitat sigue adelante con el desacato. Todo con la pasividad de la Moncloa: el Gobierno podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir la impugnación tanto del decreto como de la ley y lograr así instaurar el 25% de español, un escenario que parece del todo improbable. «Ningún Gobierno ha tenido tan cerca blindar el bilingüismo como el de Pedro Sánchez», advierte la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Mientras tanto, la Generalitat sigue con la ofensiva y también quiere retirar el 25% de español de aquellos centros que sí lo aplican a nivel individual, en clases concretas. La situación dio un nuevo vuelco después de que el Supremo tumbara los planes lingüísticos de dos escuelas catalanas –una de Barcelona y otra de Abrera– por marginar el castellano. «Se trata de un auténtico golpe de timón. El tribunal se refiere a la vehicularidad del castellano, no únicamente al porcentaje en cuestión», explica en declaraciones a este medio Ana Losada, la presidenta de la entidad.

Sin embargo, la Generalitat ha hecho caso omiso a este nuevo varapalo judicial y ha aprovechado para lanzar una nueva ofensiva: rechaza acatar al Supremo, mantendrá los proyectos lingüísticos anulados y presiona para que las 10 escuelas en las que actualmente se aplica el 25% de español de forma cautelar e individualizada lo retiren. Así lo desveló la número dos del consejero de Educación de la Generalitat, la secretaria general del departamento Patrícia Gomà, quien abundó que hoy en día hay 22 colegios en Cataluña que aplican dos clases en castellano porque alguna familia así lo solicitó y el TSJC les ha dado la razón, entre ellas la decena mencionada.

¿Qué ocurrirá ante este nuevo escenario? Desde la AEB recuerdan que su aplicación «es responsabilidad» de los directores de cada centro y avisan del desacato que supondría retirar el 25% «a estas familias sin aval judicial». «Ninguna escuela puede tomar esa decisión sin aval del TSJC», asegura Losada rebatiendo las palabras de Gomà, quien aseguró que el bilingüismo es «inaplicable».

Aquí radica precisamente otra de las claves de la odisea para blindar el bilingüismo en las aulas: el Govern de Pere Aragonès se escuda en dos normas aprobadas expresamente con el objetivo de esquivar la sentencia del castellano –el mencionado decreto y la ley del Parlament- para alegar ante los tribunales que el marco legislativo «ha cambiado». El Gabinete Jurídico de la Generalitat se acoge al artículo 132.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que señala que si varían «las circunstancias» durante la aplicación de unas medidas cautelares, estas se pueden modificar o revocar. Y para la Generalitat, tanto la ley de usos lingüísticos -aprobada con el PSC y los Comunes- y el decreto ley 6/2022 han cambiado «las circunstancias». En palabras del Ejecutivo, «esta sentencia es inaplicable, ha quedado desfasada».

No obstante, en la AEB aseguran que a raíz del posicionamiento del Supremo se abre un nuevo camino para que las familias contrarias al sistema monolingüe en catalán puedan pedir una revisión del proyecto lingüístico y dar más espacio al castellano.

En paralelo discurre el periplo de las familias para lograr la aplicación del bilingüismo en todo el sistema educativo catalán. La entidad ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las instrucciones de la Generalitat para que los centros públicos y concertados apliquen la inmersión sólo en catalán y arrinconen el castellano. La AEB considera que las directrices del Govern vulneran los derechos fundamentales a la no discriminación (artículo 14 de la Constitución) y a la educación (artículo 27) y el Alto Tribunal podría posicionarse incluso este mes de agosto.

En medio de este enjambre judicial, cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió en la última reunión de la mesa de diálogo la política lingüística de la Generalitat y dio carpetazo al 25% blindando el catalán. «El Gobierno es uno de los responsables de la no aplicación del 25%», concluye la AEB.