Barcelona prohíbe las "rutas de borrachera" en Ciutat Vella

El Ayuntamiento de Barcelona mantendrá la prohibición de las 'rutas de borrachera' en el distrito de Ciutat Vella hasta 2028 para evitar que proliferen las ofertas de consumo de bebidas alcohólicas como reclamo de algunos establecimientos ante el turismo y grupos organizados. Además, también se extiende hasta el mismo año la limitación de grupos turísticos, tanto en cuanto al número máximo de personas que pueden formar parte de estos grupos, como al número de grupos que pueden coincidir en un mismo emplazamiento.

La prohibición de promover, organizar o realizar rutas alcohólicas por las calles de Ciutat Vella está vigente desde 2012 y hasta ahora se renovaba anualmente. De hecho, este año vencía en octubre y con este paso adelante, el veto de los "correbars" se extiende a cuatro años. El decreto prevé sanciones de hasta 900 euros para los responsables, los guías de los grupos, las empresas promotoras y los establecimientos que participen en las rutas y que no cumplan estas medidas. “No descartamos en un futuro una modificación de la normativa para incrementar las sanciones y su aspecto disuasorio”, ha afirmado Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Ciutat Vella.

Sanciones

En cuanto al número de sanciones, en 2022 la Guardia Urbana ha impuesto 408; en 2023, subieron a 586 y en 2024 durante el primer semestre han sido 129. En este punto, Batlle ha insistido en que las sanciones se deben a la publicación de anuncios promocionales de las rutas. Además, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento ha retirado una cincuentena de anuncios que promocionaban este tipo de rutas de consumo de alcohol en plataformas digitales de anuncios de ocio. “Monitorizamos las redes para controlar este tipo de anuncios”, ha señalado Batlle, al mismo tiempo que ha agradecido la colaboración del sector.

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a 1.553 personas durante junio y julio, "la gran mayoría" por hurtos, y ha interpuesto 19.304 denuncias relacionadas con la ordenanza de convivencia, la mayoría por venta ambulante no autorizada y por consumo de alcohol en la calle.

Lo ha hecho en el marco del dispositivo de verano para reforzar la seguridad, que quiere evitar y controlar comportamientos que generen molestias a terceras personas, y que controla el uso intensivo de los espacios públicos, explica el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

Este mismo martes se han incorporado 96 nuevos agentes en fase de prácticas procedentes de la 97 promoción, que acompañarán a otros agentes de más experiencia y que después serán nombrados agentes del cuerpo como funcionarios de carrera.

En septiembre también se incorporarán al Institut de Seguretat Pública de Catalunya las personas aspirantes correspondientes a la convocatoria de 128 plazas más, con previsión de que se incorporen al cuerpo en verano de 2025.

Grupos turísticos

Otro decreto que también se extiende cuatro años, hasta 2028, es el que limita a 20 las personas que pueden formar parte de una visita turística guiada. El texto, además, establece un máximo de grupos que pueden coincidir en 12 puntos turísticos de Ciutat Vella. Por ejemplo, en la plaza de Sant Jaume puede haber un máximo de ocho al mismo tiempo, en el Fossar de les Moreres, puede haber tres, y en la plaza de Sant Felip Neri —un espacio muy pequeño— el aforo es de tan solo dos. Esta medida comenzó a aplicarse en marzo de 2023 para mitigar la saturación del espacio público y las molestias al vecindario. En este sentido, la medida también prohíbe el uso de altavoces para hacer las explicaciones.

Todo esto está supervisado por agentes cívicos, que informan a los guías turísticos y, si es necesario, alertan a la Guardia Urbana. En todo caso, según el Ayuntamiento, un 97% de los grupos cumplen la normativa, con una media de 13 personas por visita guiada. De los 3.828 grupos turísticos supervisados, además, no se ha detectado el uso de megáfonos o amplificadores —también prohibidos. Las sanciones por no ajustarse a la normativa oscilan entre 1.500 y 3.000 euros si hay reincidencia.