La rebelión de los pajareros de las Ramblas de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la vía judicial para cerrar las paradas de los antiguos pajareros de la Rambla y recuperar las llaves de estos puestos. Según el consistorio, ya se han entregado las notificaciones a los dueños de los negocios para que los desalojen, pero ninguno de los comerciantes ha entregado las llaves. De este modo, se ha puesto en marcha el procedimiento judicial para hacer efectivo el cierre, que podría tardar entre una o dos semanas, aunque podría alargarse un poco más debido al período de vacaciones.

Manel Mallo, director de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que los comerciantes están desde 2010 sin licencia de actividad y que, por tanto, están de «manera ilegal» en la Rambla. Ahora, el Ayuntamiento solicitará una orden judicial para acceder a la propiedad de los quioscos de la Rambla. Asegura que el consistorio tiene una veintena de resoluciones judiciales favorables de cinco juzgados diferentes que avalan la decisión tomada. Los negocios debían cerrar el 11 de julio, pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona suspendió temporalmente la decisión. Ahora ha llegado la resolución que da la razón al Ayuntamiento. Paralelamente, esta misma semana, el Tribunal Supremo se ha pronunciado con una sentencia firme a favor del consistorio.

A pesar de ello, los pajareros no dan por terminado el recorrido judicial. El portavoz de los antiguos pajareros de la Rambla, Xavier Cuesta, asegura que han solicitado medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que recurrirán contra la negación de estas medidas para intentar frenar el desalojo.

Desde 1855, las Ramblas de Barcelona han sido el hogar de los pajareros, vendedores de aves y pequeños animales que dieron nombre al icónico paseo conocido como la «Rambla dels Ocells». Durante más de un siglo y medio, estas paradas formaron parte del paisaje urbano barcelonés, atrayendo tanto a locales como a turistas. Sin embargo, la transformación de estos establecimientos y las políticas municipales han generado un conflicto prolongado y complejo que, finalmente, parece llegar a su fin.

A finales de la década del 2000, grupos ecologistas y vecinos comenzaron a denunciar prácticas inadecuadas por parte de los pajareros. Entre las quejas más graves, se encontraba el hallazgo de restos de 180 animales muertos en menos de un mes, lo que evidenciaba el incumplimiento de la Ley Catalana de Protección de los Animales y la normativa municipal. Estas denuncias llevaron al gobierno de Jordi Hereu a tomar medidas drásticas: en 2009, se retiraron las licencias para la venta de animales, y los pajareros se vieron obligados a reconvertir sus negocios. Con la prohibición de vender animales, las paradas se transformaron en quioscos de venta de helados, dulces, recuerdos y productos con Denominación de Origen. Esta reconversión, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas. Los primeros en cuestionar el nuevo modelo de negocio fueron los Amics de la Rambla, una asociación local que criticó la falta de planificación adecuada. El entonces alcalde Jordi Hereu admitió que la reconversión no había sido gestionada correctamente, pero defendió que la prioridad era dignificar y despejar las Ramblas.

En 2014, el gobierno municipal de Xavier Trias aprobó el Plan Especial de Ordenación de la Rambla, que contemplaba la desaparición de las paradas reconvertidas. Este plan argumentaba que las paradas ya no cumplían con el propósito original por el cual se les había otorgado la concesión. Como paso simbólico, el consistorio desmanteló la parada que Turisme de Barcelona tenía en concesión.

Colau

Con la llegada del gobierno de Ada Colau, la situación no mejoró para los antiguos pajareros. En 2016, la administración aprobó un nuevo plan de ordenación de la Rambla con el objetivo de eliminar los quioscos reconvertidos. En junio de 2021, el consistorio declaró la extinción de las concesiones, argumentando que los 50 años de vigencia habían expirado, ya que se otorgaron en 1971. Los pajareros, sin embargo, alegaron que la vigencia de las concesiones debía contarse desde 1999 y 2010 debido a las modificaciones en la regulación municipal.

Los antiguos pajareros no se quedaron de brazos cruzados ante el anuncio de desalojo. Han presentado múltiples recursos judiciales y han llevado su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares para evitar el desalojo hasta que se dicte una sentencia definitiva. Además, el comerciante mayoritario, propietario de cinco de las once paradas actuales, está pendiente de una sentencia en un juzgado de Barcelona.