Cataluña empieza a expropiar pisos a grandes propietarios

Cataluña inicia las primeras expropiaciones de pisos a grandes propietarios. La Generalitat ha anunciado que empieza ya los trámites para destinar hasta 189 inmuebles a alquiler social a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo y en medio del aluvión de medidas en materia de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una vía, que ahora abre el Govern por «primera vez» después de aprobar la normativa en 2022 y de aprovecharse de que este punto no está suspendido por el Tribunal Constitucional.

En concreto, el Ejecutivo de Pere Aragonès enviará en los próximos días las primeras cartas con los requerimientos para que los propietarios destinen los pisos al alquiler. Si no atienden en el plazo de un mes, el Departamento de Territorio de la Generalitat declarará el incumplimiento de la función social de la propiedad y comenzará el procedimiento de expropiación, que puede durar seis meses. Por tanto, las primeras expropiaciones pueden producirse a finales de año o inicios de 2024.

Se trata de pisos que llevan vacíos al menos dos años, propiedad de grandes tenedores y que figuran en el Registro de viviendas vacías y ocupadas sin título habilitante (RHBO) de la Generalitat, que asciende a 31.918 viviendas a día de hoy en toda Cataluña. Sin embargo, la gran mayoría no están en zonas con convenios que tienen una alta demanda acreditada, como así fija la ley de Vivienda catalana para poder aplicar estas expropiaciones.

Los municipios donde el Govern sí prevé iniciar esta política de expropiaciones no está Barcelona ni el grueso del área metropolitana y son Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona capital, Valls, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.

De hecho, la Generalitat contactó con 45 ayuntamientos en los que existe una «demanda fuerte y acreditada» de vivienda y hay familias en lista de espera. De los 45 consistorios, solo 14 han contestado a su propuesta. Es más, la Agencia de la Vivienda de Cataluña ha destinado a estos ayuntamientos unos 600.000 euros para que hagan las inspecciones correspondientes.

De estas 189 en total, el Govern de Aragonès planea poder comprar entre 50 y 70, según el precio de expropiación, con una «hucha inicial» de cinco millones de euros de presupuesto público.

Sólo los pequeños propietarios –únicamente los que tengan menos de 10 inmuebles, excluyendo garajes– quedan fuera de la posibilidad de ser expropiados

Es la primera vez que la Generalitat usa la expropiación como instrumento para aumentar el parque de vivienda de alquiler social, y el Govern no descarta que los diferentes procedimientos acarreen litigios. Tampoco que algunos pisos estén okupados.

Los inmuebles que se obtengan a través de la expropiación forzosa de la Generalitat se pondrán a disposición de las familias vulnerables incluidas en las llamadas «mesas de emergencia», en las hay alrededor de unas 1.800 familias inscritas en Cataluña, 200 más que las registradas en 2021.

«Nuestras medidas siempre están acompañadas de hechos tangibles, al contrario de algunos anuncios que hemos podido escuchar estas semanas, que no aportan novedades», replicó el consejero de Territorio, Juli Fernández, sobre el anuncio lanzado desde el Govern y en vísperas de la campaña. Una coincidencia con la estrategia del propio Pedro Sánchez desde el Consejo de Ministros que ERC lleva criticando con dureza en las últimas semanas.

Al margen del acento electoralista de la medida, el objetivo del Govern doble: por un lado, que los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social; y que más municipios firmen convenios para ampliar el número de pisos en este mercado.

Un anuncio que confirma que la vivienda es el tema estrella de la campaña de las municipales también en Cataluña.