Catalunya tiene 103 proyectos de almacenaje de energía con baterías en tramitación, de los cuales 97 son competencia catalana y seis son del Estado, según datos de la Generalitat facilitados a Europa Press.

De estos, el 73,8% de los proyectos está en la provincia de Barcelona (76), mientras que en Tarragona hay 16 licencias en tramitación, en Girona, 9 y en Lleida, 2.

En declaraciones a Europa Press, la directora general de Energía de la Generalitat, Marta Morera, ha explicado que son instalaciones "relativamente sencillas" que ocupan poco espacio y que aglutinan diferentes baterías en un mismo contenedor.

Los proyectos que está tramitando la Generalitat tienen una potencia de 977,2 megavatios (mw), mientras que los otros seis equivalen a 553,08 mw, por lo que la potencia total de todos los proyectos llega a los 1.530,28 mw.

Se trata de una cifra similar a la capacidad instalada en un parque eólico o una planta solar, ya que las baterías se utilizan para almacenar la energía sobrante y no utilizada de las renovables.

En este sentido, el director del Centre Específic de Recerca en Hidrogen de la Universitat Politècnica de Catalunya, Lluc Canals, ha subrayado este vínculo: "Las baterías tienen sentido en un contexto de transición energética, si no, no".

Para caminar hacia un modelo más sostenible, la Generalitat aprobó hace poco menos de un mes un decreto ley para regular e incentivar el almacenaje de energía con baterías.

Según Morera, el decreto ofrece un marco normativo más claro para el sector, al tiempo que promueve la ocupación del territorio y la "resiliencia" del suministro eléctrico, en un contexto marcado por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

Nuevo modelo energético

El experto en baterías y director general de Sonnen Ibérica, Franc Comino, ha lamentado la baja implantación de este tipo de proyectos en Catalunya, aunque ha señalado que el decreto es una oportunidad para crear un nuevo modelo energético más participativo.

"Un modelo energético donde las familias y las empresas puedan participar dando servicios al sistema, haciendo que todo el mundo pueda aportar potencia y ayudar a evitar colapsos en la red", ha explicado.

Canals, que ha apoyado un modelo más participativo, ha señalado los inconvenientes de las baterías: Se fabrican fuera de Europa y son muy caras, ya que una familia debería gastarse de media unos 3.000 euros para poder almacenar la energía necesaria para un piso.