Crisis en la DGAIA: el Govern se personará como acusación

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña (DGAIA) está en el punto de mira: pagos irregulares, contratos fantasma y un caso de posibles abusos sexuales a una menor tutelada. "El sistema de protección a la infancia necesita una revisión", ha afirmado hoy Xavi Campos, gerente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña.

A la investigación de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude por presuntas anomalías en la gestión de recursos públicos destinados a menores tutelados y jóvenes extutelados por parte de la DGAIA, se le suma el caso de una posible violación a una niña de 12 años tutelada por parte de una red de pederastas.

Ayer, la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez, solicitó comparecer en el Parlament para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la DGAIA.Además, informó de la apertura de un expediente informativo para revisar qué pudo fallar en los protocolos activados en 2021, en el caso de la menor abusada.

Este jueves, la consellera ha explicado que el Govern se personará como acusación popular en el juicio. "El Govern está totalmente comprometido en acabar con esta lacra social de la violencia contra la infancia", ha dicho Martínez, que ha afirmado que la DGAIA necesita una transformación profunda. Martínez ha añadido que cuando tengan los resultados del expediente harán público "todo lo que puedan", pero ha recordado que es un caso judicializado y que se debe velar por la protección de la información de la menor.

El caso, que se denunció en 2021, todavía deja muchas preguntas sin resolver y sigue siendo investigado por las autoridades. Según la Fiscalía, una niña de 12 años fue violada por un electricista de 40 que además la ofrecía a otros hombres como reclamo sexual. Todo ello mientras la chica estaba bajo la tutela de la Generalitat. Podría tratarse, además, de una red de pederastas y afectar a diversos menores de edad.

La Fiscalía pide para el principal investigado 107 años de prisión, acusado de agredir sexualmente a una menor de edad y ofrecerla a terceros a través de plataformas para que mantuviesen relaciones sexuales con ella. Además, la convenció para que se dejase fotografiar y grabar durante las prácticas sexuales, imágenes que colgó en redes sociales. El escrito de la Fiscalía también relata hasta ocho episodios en los que la menor fue agredida sexualmente por terceros y grabada por el acusado.

Miquel Almirall, educador social de un centro de menores tutelados, ha asegurado hoy en TV3 que "tal y como está montado el sistema actual, somos como trasteros". "Hacemos lo que podemos", ha añadido. Almirall ha lamentado que las agresiones y los abusos forman parte de la normalidad para muchos de estos niños. La experta en abusos a menores, Noemí Pereda, ha asegurado en el mismo medio que "el sistema de protección no da respuesta a problemas emocionales que estos explotadores sí dan".

Posible red de fraude

Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña están investigando una posible red de fraudes en las prestaciones a jóvenes tutelados y extutelados por la DGAIA. Estas ayudas públicas, que concede el área de apoyo de la Dirección de Atención a la Infancia, las ejecutan la Fundación Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis. Un educador social denunció a Antifraude, con audios que registró durante meses, posibles irregularidades en dichas prestaciones.

A raíz de esta denuncia, la Sindicatura de Cuentas encontró varias disfunciones contables, como la prórroga de contratos, el uso permanente de contratos de emergencia o contratos fantasma. En marzo de 2025, el Govern de Salvador Illa cesó a la cúpula directiva de la DGAIA sin dar explicaciones.

Durante los años investigados, esta Dirección estuvo dirigida por Ricard Calvo (2016-2017), exconcejal de ERC en Girona vinculado después a fundaciones beneficiarias, Georgina Oliva (2017-2018), exdiputada y dirigente de ERC, y Ester Sara Cabanes (2018-2024). Sobre esta investigación, la consellera de Derechos Sociales ha recordado que el Departamento que encabeza tiene en marcha una auditoría "completa" para identificar todas las acciones correctivas, a su juicio, necesarias.

Por otro lado, Junts ha propuesto hoy crear una comisión de investigación para esclarecer los hechos, y el Partido Popular se ha sumado a la iniciativa.