Generalitat

La DGAIA retiró la tutela a 356 jóvenes migrantes al demostrar su mayoría de edad

La justicia obligó a reconocer como menores a 59 jóvenes pese a dar positivo en la prueba

Fachada de la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La DGAIA es el organismo que promueve el bienestar de la infancia y adolescencia en alto riesgo de marginación social con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal. También ejerce la protección y tutela de los niños y adolescentes desamparados. 12 MARZO 2025;DGAIA;BARCELONA;CATALUNYA David Zorrakino / Europa Press 12/03/2025
Sede de la DGAIA en BarcelonaDavid ZorrakinoEuropa Press

En Cataluña, los jóvenes migrantes no acompañados tienen derechos a ser protegidos por la Generalitat si son menores de edad. Concretamente, por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Durante la protección, conocida como tutela, se les otorga alojamiento, alimentación, educación y apoyo. En este sentido, no es extraordinario que se realicen pruebas médicas para confirmar la edad del joven migrante y comprobar si son o no mayores de edad.

Según datos recogidos por Europa Press, la DGAIA expulsó a 356 jóvenes de sus centros en 2024 y, por lo tanto, de su tutela, tras comprobar que eran mayores de edad. La prueba se conoce como oseométrica, y analiza el desarrollo de los huesos para estimar si ya han cumplido los 18 años. Los más de 350 menores expulsados dieron positivo en la prueba, y representan un 7% del total de los 4.900 jóvenes atendidos el año pasado. En 2023, hubo muchas menos explosiones por esta razón, 113, y en 2022, solo 13.

En algunos casos, sin embargo, la justicia ha revocado estas decisiones. En 2024, según ha avanzado Catalunya Ràdio, se obligó a reconocer como menores a 59 jóvenes migrantes pese haber dado positivo en la prueba. La mayoría de ellos volvieron a los centros y en 13 casos, la DGAIA recurrió las sentencias.

En la mayoría de casos, la expulsión implica la salida del sistema de protección, y la consecuente pérdida de la tutela. Sin embargo, la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat señala que en algunos casos se busca una alternativa habitacional o se mantiene el apoyo.