ERC hace oídos sordos a la retirada del escaño a Borràs

Esquerra hace oídos sordos a la orden de retirar el escaño a Borràs en el Parlament y sigue aplazando la maniobra en plena campaña de las elecciones municipales. Ahora, la Mesa presidida por la republicana Alba Vergés ha defendido ante la Junta Electoral Central (JEC) que todavía no le ha quitado las credenciales porque el Tribunal Supremo (TS) debe responder al recurso presentado. Una manera de ganar tiempo y evitar el choque directo con Junts en vísperas del 28-M.

Así consta en el escrito de alegaciones consultado por Europa Press, con el que el Parlament respondió este lunes al requerimiento de la Junta Electoral en el que pedía a la vicepresidenta Vergés explicar por qué no ha relevado todavía a Borràs, a petición de Cs. De hecho, el organismo dio la semana pasada un plazo de cinco días hábiles a la Cámara para que comunicara qué decisión había tomado en relación con el escaño de la posconvergente.

A la práctica, la Mesa presida por la republicana debe ejecutar la retirada de las credenciales de Laua Borràs –y su cese como presidenta, ahora suspendida– y otorgarlas al siguiente de la lista de Junts, a Antoni Castellà.

En el escrito presentado, los letrados del Parlament subrayan esta vez que privar a Borràs de su escaño impediría «definitiva e irreversiblemente» su derecho a participación política, y también su derecho a la tutela judicial efectiva. En las alegaciones, los letrados de la Cámara también recuerdan que Borràs está suspendida de su condición de diputada y también de presidenta, lo que representa «una diferencia muy importante respecto a casos anteriores relacionados con miembros del Parlament».

La Junta Electoral valorará previsiblemente en la reunión de este jueves las alegaciones presentadas por el Parlament y podría requerir de nuevo a Vergés para que ejecute la retirada del escaño que supondrá además el cese de Borràs como presidenta de la Cámara.

El pasado 3 de mayo, la JEC procedió a la retirada del escaño a Laura Borràs porque había sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación «como autora plenamente responsable del delito de prevaricación administrativa» y falsedad documental al declarar probado que ordenó fraccionar contratos públicos cuando dirigía la Institución de les Lletres Catalanes (ILC).

El argumento es que, conforme a la Ley Electoral y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, una condena de inhabilitación por un delito como la prevaricación, aunque no sea firme, resulta incompatible con su continuidad como diputada del Parlament.

Sin embargo, a lo largo de estas dos últimas semanas Esquerra ha tratado de ganar tiempo para evitar que la polémica estalle en plena campaña y Junts se lance en tromba contra los republicanos antes del 28-M.

La polémica, no obstante, no genera unidad dentro de Junts: el partido ha silenciado el asunto a lo largo de la campaña y ni Xavier Trias –candidato por Barcelona ni el secretario general Jordi Turull se han posicionado explícitamente. Solo el círculo más cercano de la posconvergente defiende sin fisuras su posición e incluso amaga con dejar vacante el cargo cuando se culmine el cese.

Justo ayer, la presidenta de Junts, Laura Borràs, se revolvió y acusó este miércoles a la Mesa del Parlament de haber vulnerado sus derechos en julio de 2022, cuando suspendieron su condición de diputada. «Siempre estamos por el estado de derecho, siempre, en todo momento, no por intereses partidistas. Mis derechos, el Parlament los ha vulnerado», clamó la posconvergente en un acto de campaña en Sabadell.