Fuerte aumento en Cataluña de las familias que piden más escolarización en castellano

La enseñanza del castellano en los colegios públicos de Cataluña vuelve a situarse en el centro del debate educativo y social. Aunque el modelo de inmersión lingüística en catalán ha sido la norma durante más de cuarenta años, asociaciones de padres, expertos educativos y familias denuncian que en la práctica el castellano queda relegado a una proporción mínima de las asignaturas, limitando la exposición diaria de los alumnos a su lengua materna.

En los últimos meses, diversas asociaciones, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), han señalado un incremento notable de las quejas y reclamaciones de familias. Según sus registros, más de 1.400 centros están bajo seguimiento por su implementación del catalán como lengua vehicular, mientras que solo una minoría de escuelas garantiza una enseñanza significativa en castellano, incluso cuando existen sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25 % de las clases en español.

Un caso concreto es el del IES Jaume Balmes de Barcelona, donde varias familias recurrieron a la Justicia para que sus hijos pudieran recibir más clases en castellano. Los padres afirmaban que asignaturas clave como historia, matemáticas y ciencias se impartían casi exclusivamente en catalán, relegando el castellano únicamente a la materia de lengua y literatura. Un tribunal resolvió que el centro debía garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano, aunque la aplicación depende de la disponibilidad de profesores y la organización de grupos reducidos.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años: En 2021, cerca de un centenar de familias presentó quejas formales solicitando que se aplicara el 25 % de clases en castellano, tal como establecen las sentencias judiciales que garantizan el derecho a una enseñanza bilingüe. Al año siguiente, en 2022, este número se duplicó, con más de 200 familias sumándose a campañas para exigir el cumplimiento de la normativa lingüística y asegurar un acceso real al castellano en las aulas.

Para 2024, se constató que de los más de 3.500 colegios públicos y concertados de Cataluña, solo 17 centros aplicaban efectivamente la proporción mínima de clases en castellano ordenada por sentencia judicial, evidenciando un incumplimiento generalizado del derecho de los alumnos a recibir enseñanza en su lengua materna.

Los defensores de un mayor equilibrio lingüístico sostienen que el modelo de inmersión puede generar desigualdad entre alumnos de habla catalana y española. Aseguran que un contacto más frecuente con el castellano no disminuye el dominio del catalán, sino que refuerza la competencia bilingüe, esencial para la vida académica y profesional de los estudiantes.

“Los niños terminan el colegio dominando perfectamente el catalán, pero a veces el español queda reducido a la asignatura de lengua. Esto no garantiza un bilingüismo real y limita la preparación de los alumnos para el futuro”, explica una portavoz de AEB.

Asimismo, denuncian que la presión institucional para mantener el catalán como lengua predominante ha aumentado en los últimos años. Informes recientes señalan que la Inspección Educativa de la Generalitat instruye a los centros a vigilar el uso del catalán por parte de los docentes, generando tensiones en algunos colegios donde las familias reclaman más presencia del castellano.

El departamento de Educación defiende el modelo de inmersión en catalán como una herramienta que garantiza que todos los alumnos dominen la lengua minoritaria, favorece la cohesión social y protege al catalán frente al predominio del español. Señalan que los alumnos reciben también enseñanza de castellano como materia y que en la práctica la mayoría desarrolla competencia en ambas lenguas.

Sin embargo, la presión de las familias y los fallos judiciales recientes han obligado a algunos centros a modificar la distribución de las asignaturas, para garantizar que los alumnos puedan recibir clases en castellano cuando lo soliciten.

Perspectivas y debate abierto

El debate sobre la presencia del castellano en la educación pública catalana sigue abierto. Mientras que el Govern defiende la inmersión lingüística como un instrumento de cohesión social y protección del catalán, familias, asociaciones y expertos insisten en la necesidad de garantizar un bilingüismo efectivo y equilibrado, que respete los derechos lingüísticos de los estudiantes y sus familias.

En este contexto, la sociedad catalana se enfrenta a la pregunta de cómo compatibilizar la protección de la lengua catalana con la garantía del derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano, un tema que seguirá generando debate en los próximos años