La Generalitat ha comprado por tanteo y retracto 743 viviendas al fondo Divarian por 72 millones de euros dentro de su plan para lograr 50.000 viviendas públicas hasta 2030 en Cataluña, que están repartidas por el conjunto del territorio, aunque se concentran en el litoral.

"Es la mayor compra que jamás se haya hecho por parte de la Conselleria", ha dicho en rueda de prensa este miércoles la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para actualizar los datos del plan de la Generalitat que prevé incrementar el parque de vivienda pública.

Se trata de viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias que pasaron a manos de alguna entidad financiera y que luego se vendieron a un gran tenedor, y en los pisos viven mayoritariamente familias procedentes del programa 'Reallotgem' de la Generalitat.

Mediante el programa, en el que hay 1.400 familias, la Generalitat alquila directamente la vivienda al propietario y le garantiza el cobro de la renta de alquiler a través de un contrato de arrendamiento de acuerdo con la ley.

Tras la compra, las familias podrán seguir viviendo en sus inmuebles pagando un alquiler proporcional a sus ingresos, y la Generalitat se ahorra 6 millones de euros anuales que invertía en estos pisos.

Paneque ha lamentado que la mayoría de las familias han vivido desahucios anteriormente y ha defendido la operación para protegerlas y aumentar el parque de vivienda público: "Es una medida contundente que va en la línea de defender el derecho a la vivienda".

Operación "interesante"

Como que estas viviendas proceden de ejecuciones hipotecarias, la inmobiliaria del fondo estadounidense Cerberus se ha visto obligada a ofrecer su venta por un importe tasado y de manera prioritaria a la Generalitat, que ha cerrado la operación en cuestión de días al considerarla "muy interesante" por la distribución territorial de los inmuebles.

En concreto, los pisos se encuentran en una treintena de comarcas diferentes, y donde más hay es en Terrassa (77), en la ciudad de Barcelona (66) y en L'Hospitalet de Llobregat (51), tres ciudades del ámbito metropolitano de Barcelona.

Paneque ha explicado que si el Govern no hubiera ejercido el derecho de tanteo y retracto, el fondo hubiera sacado rendimento económico de las viviendas en el mercado, algo que también ha considerado "legítimo".

Futuras operaciones

Con esta operación, la Generalitat ha adquirido un total de 1.195 pisos a entidades privadas para agrandar el parque de vivienda pública desde el inicio de la legislatura del presidente Salvador Illa, ya que a finales del año pasado compró, por negociación, 452 viviendas a InmoCaixa por 30,5 millones.

Preguntada por si estudian otras operaciones parecidas, Paneque ha argumentado: "Primero deben producirse y, en caso de producirse, debemos valorar si tenemos los recursos necesarios", y ha recordado el contexto de prórroga presupuestaria.

Además de esta fórmula, la Generalitat prevé lograr 50.000 viviendas públicas en 2030 mediante la construcción de nuevos inmuebles, de los cuales ya hay 4.000 en marcha, y con los solares que prevén encontrar con la ayuda de los ayuntamientos.