Riesgos y certezas de las 1.000 cámaras de vigilancia en Barcelona

A finales de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona declaró, a través del teniente de seguridad del consistorio, Albert Batlle, su intención de desplegar la instalación de 500 cámaras de videovigilancia en la calle. Hace pocas semanas, el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, duplicó el número de cámaras que quiere instalar el Ayuntamiento, y aseguró que tienen un "plan" para activar hasta 1.000 cámaras en la ciudad.

Así lo declaró el alcalde en una entrevista en El Periódico, donde aseguró que el objetivo es instalarlas en las zonas más críticas de la ciudad: "Empezando por la zona del litoral y algunas áreas de Ciutat Vella". El consistorio planea poner las cámaras en puntos de alta concentración de personas y en los que se detecta mayor actividad delictiva. Collboni añadió que antes de acabar su mandato, en 2027, ya se habrán instalado la mitad de las 1.000 cámaras de videovigilancia planteadas, y argumentó que se realizará con el garantismo legal y la protección de derechos.

Dudas y riesgos

Para poder proceder a la instalación de estas cámaras, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) debe autorizar "directamente" la decisión. "Hay un sistema muy garantista en nuestro país que obliga a que estas cámaras sean autorizadas directamente por el TSJC", aseguró Collboni.

La puesta en marcha de este proyecto genera dudas que pueden afectar a derechos de los propios ciudadanos, como el de la privacidad. El profesor colaborador de los estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya, Eduard Blasi, asegura que todavía quedan por aclarar características claves de la instalación: ¿Captará el sonido? ¿Dónde se instalarán? ¿Pueden estar en una calle con un hospital o un colegio cerca? ¿Quién tendrá acceso a las imágenes?... El Ayuntamiento deberá responder a estas y muchas otras preguntas para conseguir la autorización de la Comisión de Garanties Estatutàries y del TSJC.

Además, Blasi advierte que las cámaras no podrán tener reconocimiento facial "en masa". El profesor explica que la normativa de la Unión Europea prohíbe usar este mecanismo de forma indiscriminada o en masa.

Según comentó el alcalde al citado medio, la idea del Ayuntamiento es usar las cámaras como "un arma de prevención", preservando la identidad de las personas. Así, el gobierno municipal no plantea instalar cámaras con identificación facial, y lo usará para disminuir la delincuencia en Barcelona.

No es la primera gran ciudad europea que instalará cámaras de videovigilancia en sus calles. De hecho, Londres ya va un paso más allá. Desde hace un tiempo, la policía metropolitana de la capital inglesa patrulla las calles con chalecos que llevan incorporadas cámaras de reconocimiento facial.

Sin embargo, Blasi explica que los datos de delincuencia no han mejorado en Londres desde la instalación de estas cámaras en los policías, y advierte que podría causar un efecto adverso. El profesor explica que las cámaras pueden "dispersar" la delincuencia, evitando que suceda en esas zonas pero trasladándola a otras.

Certezas del Ayuntamiento

Por su lado, el consistorio, en declaraciones a LA RAZÓN, asegura que "las cámaras de la ciudad (160 actualmente) están todas aprobadas por la comisión de videovigilancia de Cataluña". Esta comisión es la encargada de autorizadas, y "cada año se valida la autorización con la justificación correspondiente".

El consistorio añade que "ninguna de las cámaras permite el reconocimiento facial tal y como marca la ley, y las zonas videovigiladas están debidamente señalizadas".

Por último, fuentes municipales recalcan que "las cámaras son una herramienta de prevención de delitos", ya que "las imágenes representan una prueba".