El Govern del PSC, entregado a los comunes

El Govern de Salvador Illa nació frágil y sigue siéndolo. Su minoría parlamentaria no solo condiciona su margen de maniobra, sino que ha terminado por convertir a sus socios de investidura en actores con una capacidad de influencia desproporcionada respecto a su peso real. Si ERC ha centrado toda su presión en la llamada financiación singular, los comuns han encontrado en la vivienda el terreno idóneo para imponer una agenda profundamente intervencionista y convertirla en el precio constante de la supervivencia parlamentaria del ejecutivo. Con seis diputados, Jéssica Albiach ha logrado que Illa sostenga su Govern sobre una relación de dependencia política cada vez más evidente.

Desde el inicio de la legislatura, la líder de los comuns ha ido encadenando exigencias en materia de vivienda que el PSC ha ido aceptando sin apenas margen de resistencia. La regulación del alquiler de temporada, la creación de un registro de grandes tenedores, el diseño de un cuerpo de inspectores para vigilar a estos propietarios y la puesta en marcha de un régimen sancionador específico para quienes incumplan la Ley de Vivienda son concesiones que, en cualquier otro contexto, habrían generado un debate intenso dentro del mismo PSC. Sin embargo, en la práctica, el Govern se ha visto empujado a asumirlas de forma casi automática para garantizar la estabilidad mínima que necesita en el Parlament. Además, el PSC no solo asume las medidas, sino que las defiende. Desde hace meses, Salvador Illa aprovecha cualquier intervención pública en la que sale el tema de la vivienda para sostener la necesitad de «intervenir el mercado de vivienda». No hay que tener miedo, defiende Illa, a ese debate, pues se ha demostrado que, en ese aspecto, «el mercado ha fallado».

A pesar de ello, la lógica de los comuns no es la del pacto cerrado, sino la de la exigencia en cascada: cada concesión es solo el primer escalón hacia la siguiente. Hace dos semanas, Albiach dio un paso más y sostuvo que no basta con crear un régimen sancionador si este no se aplica de manera contundente. Exigió que los expedientes abiertos, treinta, según explicó la consellera Sílvia Paneque, se cerraran con sanciones, y lo planteó como condición indispensable para abrir cualquier negociación presupuestaria.

Sin embargo, el último movimiento ha ido mucho más lejos. En una entrevista de este domingo, Albiach anunció la creación de un grupo de trabajo conjunto entre los comuns y el Govern para estudiar cómo prohibir las compras «especulativas» de vivienda en Cataluña. El grupo empezará a reunirse la próxima semana y tiene, según ella, un objetivo muy concreto: evitar que el mercado inmobiliario quede en manos de fondos de inversión y grandes tenedores. Albiach sostiene que el 60% de las adquisiciones se pagan al contado y que, por tanto, no las realizan «personas normales, como nosotros», sino actores financieros con capacidad para acaparar vivienda: «fondos de inversión». La propuesta implica que cualquier comprador deberá acreditar, mediante un certificado obligatorio, que utilizará la vivienda como residencia habitual en un plazo máximo de un año. En los casos en que esta compra responda a motivos familiares o no implique un uso inmediato, la vivienda deberá ponerse en alquiler según el índice de precios de referencia. Aunque el anuncio de Albiach ha llegado este sábado, el debate lleva ya un mes, y nada más saltar a la palestra, el ejecutivo de Illa anunció que estudiaría la medida «a fondo» y encargó informes jurídicos para analizar su viabilidad.

Un PSC dependiente

El PSC, tradicionalmente cauteloso en materia de restricciones de mercado, se ve cada vez más empujado a aceptar postulados que, hasta hace poco, situaba muy lejos de su zona de confort político. La presión de Albiach actúa como un ancla que desplaza al Govern hacia posiciones más radicales en materia de vivienda, mientras los comuns consolidan la idea de que cada paso que dan será una condición para negociar los presupuestos de 2026.

En el Parlament, la percepción es clara. Desde Junts ironizan con que Albiach se ha convertido en «la consellera real» de Vivienda. ERC cree que Illa acepta exigencias únicamente por necesidad, no por convicción. Los comuns han logrado situar la vivienda como la moneda de cambio estructural de la legislatura. No se trata ya de una negociación puntual, sino de una relación sostenida en que Albiach pone sobre la mesa una nueva propuesta, y el PSC la acepta si eso le acerca a tener presupuestos.

Illa defendió durante la campaña la promesa de gobernar desde el centro y de aportar serenidad a la política catalana. En el establishment económico catalán, sin embargo, crece crece la sensación de que está entregado a «la extrema izquierda», y reclaman al líder del PSC explorar fórmulas de acuerdo con Junts para corregir este rumbo.