Illa defiende ante los empresarios intervenir el mercado de la vivienda y el Cercle le espeta que sus pactos con los comunes "no son adecuados"

El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido este martes la intervención del mercado de la vivienda como respuesta a lo que considera un “fallo de mercado” que alimenta la desigualdad y pone en peligro la igualdad de oportunidades en Cataluña. Lo ha hecho durante la clausura de las jornadas anuales del Cercle d’Economia, donde ha anunciado la construcción de 21.289 viviendas públicas como parte del plan del Govern contra la emergencia habitacional.

Las políticas del president desde que llegó a la Generalitat, en especial en materia fiscal y de vivienda, no han dejado indiferente al empresariado catalán. Jaume Guardiola, presidente del Cercle y ex consejero delegado del Banc Sabadell, ha lanzado una crítica velada pero directa a Illa, cuestionando los acuerdos del PSC con los comunes y ERC. “Hay medidas de tu Govern que no nos parecen las más adecuadas para lo que necesita el país”, ha afirmado, en referencia explícita a las subidas fiscales y la regulación del alquiler.

Guardiola ha instado al president a explorar “pactos más transversales” que incluyan a Junts, el principal partido de la oposición. “Tenemos la sensación de que no se incluye lo suficiente la visión del sector privado. Sin inversores, no se arreglará el problema de la vivienda”, ha advertido, señalando que los topes a los alquileres y la elevada fiscalidad están ahuyentando la inversión y dificultando la recuperación económica.

Illa, a favor de intervenir el mercado

Illa, por su parte, ha reivindicado el papel del sector público en momentos de desequilibrio. “Mientras se resuelve el problema de fondo, no descarto intervenir el mercado”, ha dicho, reafirmando que “cada vez que haya un fallo de mercado, el Govern intervendrá”. El socialista ha defendido su política como un instrumento para alcanzar una “prosperidad compartida” y ha recordado que Cataluña creció un 3,4% del PIB en 2024, con previsiones del 2,7% para este año.

El presidente ha detallado que las más de 21.000 viviendas anunciadas se edificarán en 665 solares públicos activados gracias a la colaboración de 226 ayuntamientos. El plan forma parte del compromiso del Govern de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y contará con una inversión de 4.400 millones de euros en los próximos cuatro años. El 25% de los nuevos pisos estará reservado a jóvenes y el 8% a personas vulnerables, con alquileres protegidos durante 75 años.

La inversión privada, necesaria pero no suficiente

El líder del PSC ha reconocido que la implicación del sector privado es indispensable para hacer frente al reto habitacional, pero ha insistido en que el Estado debe actuar cuando el mercado fracasa. “No lo resolveremos solo con más viviendas. Hace falta intervenir en determinados casos, y esto no debe asustar a nadie”, ha afirmado ante un auditorio repleto de empresarios, fondos de inversión y agentes económicos.

En este sentido, ha detallado que aquellos promotores que construyan vivienda protegida dispondrán de financiación pública para cubrir el diferencial entre coste y rendimiento, evitando así que el modelo desincentive la inversión. Para los solares sin promotor, el Govern prevé convocar concursos públicos.

Por otro lado, interpelado por la alta fiscalidad que hay en Cataluña, Illa ha dicho que, aunque entiende el planteamiento, "con una fiscalidad baja nos quedaríamos sin recursos para mantener unos servicios públicos de calidad que puedan cohesionar a la sociedad catalana".

Cataluña, liderazgo europeo y cohesión social

En un tono marcadamente europeísta, Illa ha reclamado un mayor protagonismo de Cataluña en la toma de decisiones de la UE, “de la mano del Gobierno de España”. Ha subrayado la importancia de un modelo económico que no solo genere riqueza, sino que también la distribuya territorial y socialmente. “Tenemos la ambición de pensar en los ocho millones de catalanes, pero sabiendo que somos parte de la Unión Europea”, ha concluido.

Las tensiones entre el Govern y los empresarios afloradas en el Cercle evidencian la difícil convivencia entre el proyecto de Illa y las expectativas de un sector económico que reclama estabilidad y seguridad jurídica. Un equilibrio complejo que marcará buena parte de la legislatura.