El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonizado este martes la firma del nuevo Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo que ha reunido a su Govern, PSC, ERC, comunes, sindicatos, patronales y entidades sociales, pero que ha sido rechazado por Junts, la CUP y el sindicado USTEC-STEs, mayoritario entre profesores no universitarios, evidenciando la falta de consenso real en torno a un tema tan sensible como la política lingüística en Cataluña y que, además, pretende pasar por un "pacto nacional".

El acto, celebrado en el Institut d’Estudis Catalans (IEC) de Barcelona, ha sido presentado como una muestra de “unidad” por parte del Govern y el catalán como "la columna vertebral de la nación catalana", pese a la ausencia de formaciones clave del arco parlamentario. Illa ha insistido en que el pacto está "abierto a todos", pero al mismo tiempo ha cerrado filas con las fuerzas del antiguo tripartito catalanista, dejando fuera a aquellos que piden un debate más amplio, realista y plural, incluso a entidades o partidos independentistas.

A pesar de las ausencias, al acto también han asistido el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, que ha firmado el pacto, y varios consellers del Govern, así como el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; el presidente del grupo del PSC en el Parlament, Ferran Pedret; el presidente de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, así como representantes de CC.OO, UGT, Cecot, Foment del Treball y Pimec.

Críticas

Junts, por su parte, ha justificado su no adhesión alegando que el pacto elude cuestiones fundamentales como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las aulas y el estancamiento del reconocimiento oficial del catalán en Europa. “No queremos ser cómplices de un pacto de mínimos pensado para salir del paso y fabricar titulares”, ha dicho la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, aunque se ha ofrecido a renegociar partes del pacto. Desde la CUP usan el mismo argumento, y defienden que es "una herramienta de propaganda al servicio del Govern del PSC, de esta sucursal del PSOE".

Una de las entidades más importantes que no se ha unido al pacto es el sindicato USTEC-STEs, mayoritario entre profesores no universitarios. Defienden que el Govern no se ha puesto con ellos en ningún momento y, por lo tanto, sienten que no se les ha tenido en cuenta.

Las entidades independentistas firmantes, como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, también han mostrado sus reservas, opinando que el pacto no es lo suficientemente ambicioso. Algunas, como Ciemen, alertan de una “emergencia lingüística” y reclaman medidas más contundentes. Otras, como Plataforma, tachan el texto de poco ambicioso.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado a Illa, de abonar el "autoritarismo lingüístico" después de que el Govern haya firmado con PSC, ERC, Comuns y entidades de la sociedad civil el Pacte Nacional per la Llengua. "Hoy es la demostración de que Cataluña no ha iniciado una nueva etapa. El PSC ha dejado de ser un partido político, ahora es un instrumento de Pedro Sánchez al servicio del independentismo", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana. Desde Vox, el líder parlamentario Ignacio Garriga ha denunciado la firma como una cesión más al separatismo y ha criticado que Illa “comparta agenda con ERC y Junts”. “¡Basta de utilizar nuestras lenguas para enfrentarnos! ¡Basta de imposición!”, ha sentenciado en redes sociales, asegurando que su partido defenderá la presencia del español en todos los ámbitos públicos.

Pese al tono triunfalista de Illa y el despliegue institucional del acto, el pacto arranca lastrado por el escepticismo de buena parte del espectro político y social. Lo que se ha presentado como una alianza por la lengua amenaza con convertirse en un nuevo frente de fractura ideológica y partidista en Cataluña.