El independentismo radical señala a una tienda de un centro comercial de Mataró por rotular en castellano y poner una bandera de España

En esta ocasión, el independentismo radical ha señalado un nuevo comercio que ha abierto sus puertas en el centro comercial Mataró Parc. Es el caso de la cadena de productos ‘Normal‘ que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre. El establecimiento ha escogido el castellano para rotular su nueva tienda, e incluso en el cartel donde se anunciaba la inauguración se podía ver una bandera de España.

‘Normal’ es una cadena de tiendas que llega desde Dinamarca, en sus tiendas se pueden encontrar productos de cosmética y droguería a precios bajos. Cuentan con más de 550 tiendas en Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia y Portugal. Ahora han decidido expandirse también en nuestro país.

Son contínuas las quejas y denuncias del independentismo radical con las tiendas o empresas que no rotulan o informan en catalán. Esta vez le ha tocado a una clínica dental de Barcelona, a la cual una usuaria de X, asegura que ya ha denunciado por utilizar el español en sus rotulaciones.

“Si os fijáis, muchos de los establecimientos que no hacen la publicidad en catalán también incumplen la ley de política lingüística y el Código de Consumo de Cataluña. Ya está denunciado“, asegura una independentista en sus redes sociales.

Pese a la prohibición del Tribunal Constitucional en 2017, el año pasado, la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat de Cataluña impuso 68 sanciones a locales, bares y restaurantes por no rotular en catalán , mientras que en 2021 fueron 16. Es decir, se cuadruplicaron las sanciones. En 2022 se recaudaron por este motivo 112.606 euros, por 17.350 el ejercicio anterior.

De esta manera, la Agencia Catalana de Consum recaudó 3.344.187 euros en 2021 en sanciones contra empresas que incumplieron con la Ley del Código de consumo, aprobada por el Parlament en 2010 y que obliga a usar el catalán en los servicios y productos que se venden en la comunidad autónoma. No obstante, solo 17.350 euros de este montante se debió a la «vulneración de los derechos lingüísticos».

En su ‘Balance de actuaciones’, publicado en marzo del año pasado, el ente dependiente del departamento de Empresa y Trabajo informa que un total de 470 expedientes finalizaron en sanción (65 más que en 2020), aunque el dinero recaudado respecto al ejercicio anterior fue ligeramente inferior (3.770.847 euros).